El PSOE y sus aliados plantean sanciones para los informadores que perjudiquen el trabajo de los demás medios en el Congreso

Con este texto, PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, dan respuesta a las peticiones cursadas por diferentes colectivos de periodistas que han solicitado a la Cámara medidas para «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo» y recalcan que esto no conllevará «en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía».

El Reglamento del Congreso, que data de 1982, ya contempla que la Mesa de la Cámara regule la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero con la reforma tendrá también que regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijará «los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara. Entre los criterios para la renovación de credenciales se tendrá en cuenta, en todo caso, la existencia de anteriores vulneraciones de lo dispuesto en este artículo, así como de las directrices y acuerdos de la Mesa», reza la proposición de ley registrada este viernes.

También prevé la creación de Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del que formarán parte un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. Se obligará a los informadores acreditados a respetar «las reglas de cortesía parlamentaria» y las directrices de la Mesa, nadie realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos, que será la encargada de dar instrucciones «al efecto de garantizar el orden en estos encuentros».

En este contexto, habrá sanciones para quienes incumplan esta normativa y las reglas de cortesía y se establece una categorización de infracciones leves, graves o muy graves, con sus correspondientes castigos, incluida la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.