La ministra de Sanidad, Mónica García. | Efe - Mariscal

TW
1

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley que prohíbe el consumo y venta de alcohol en centros educativos, deportivos o de ocio con presencia mayoritaria de menores y que veta la publicidad y patrocinio de bebidas alcohólicas a menos de 150 metros de lugares frecuentados por ellos.

Dentro de este perímetro sí que podrán anunciarse bebidas fermentadas por debajo del 0,5 % de alcohol, según el proyecto de ley de prevención del consumo de bebida alcohólicas y sus efectos en los menores de edad aprobado; es uno de los cambios que el Ministerio de Sanidad ha introducido al texto final respecto al anteproyecto que sacó el verano pasado, que extendía esta restricción a las cervezas 0.0.

Así, no se podrá emplazar publicidad de bebidas por encima de esa graduación en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, y de parques y lugares de ocio infantil, lo cual incluye el patrocinio de marcas en el mobiliario de hostelería. Sin embargo, esta medida entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, con lo que no se aplicará con efectos retroactivos.

La norma, que ahora deberá empezar su andadura parlamentaria, prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica, incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a menores edad.

En los mensajes y comunicaciones comerciales no se podrá usar la imagen o la voz de personas con menos de 21 años; personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, que por su relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con niños y adolescentes, mujeres embarazadas o la imagen de un feto.

No obstante, Sanidad ha eliminado en el proyecto final la prohibición que establecía el texto inicial de usar términos equívocos o ambiguos como «consumo responsable» o «moderado». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, ha celebrado esta «ley pionera» que armoniza la gran diversidad de normativas autonómicas e incluso municipales que existían hasta ahora en torno a este asunto para frenar el consumo de esta sustancia entre niños y adolescentes, que repuntó en 2020 tras décadas de retroceso.

Según la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), tres de cada cuatro menores de 14 a 18 años ha bebido en el último año, el 56,6 % en el último mes y un 28 % en forma de atracón, con al menos cinco copas en menos de dos horas. Además, la inmensa mayoría, el 93 %, asegura tener un acceso muy fácil al alcohol. «La evidencia científica es clara: no existe una cantidad segura de alcohol, de cualquier tipo, que no implique un impacto negativo en la salud. Tenemos que desterrar de nuestro imaginario esa idea arraigada y anticientífica que dice que puede haber algunos beneficios en la salud con el consumo moderado», ha enfatizado.

La ministra ha recordado que el consumo y venta de alcohol a menores ya estaba prohibido y que corresponde a las comunidades velar por que eso sea así. De lo que se trata ahora es, al hilo de los datos de consumo, prevenirlo restringiendo aún más la venta y reforzando las restricciones de la publicidad.

También ha querido dejar claro que esta ley emana de un informe aprobado por unanimidad en 2018 por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. «El ministerio trabaja de la mano de las comunidades autónomas, nunca a su aire», ha señalado García antes de añadir que antes de su elaboración también se ha reunido con el sector. «Pero obviamente la ley la hemos hecho con un eje fundamental que es la protección de los entornos de los menores, ese es el fundamento», ha concluido.