El fiscal general del Estado. | Europa Press

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Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido protagonista de una medida reciente adoptada por el Ministerio del Interior de España para reforzar su seguridad personal. Esta acción se produce después de que se filtraran datos personales suyos en un informe entregado al Tribunal Supremo (TS) por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La filtración afecta no sólo a García Ortiz, sino también a su escolta y a otros individuos implicados en la documentación adjunta al informe. Esta incluye números de teléfono, direcciones postales y documentos de identidad, lo que supone un riesgo significativo para su seguridad, según ha informado el fiscal general en su queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los documentos en cuestión forman parte de una causa en la que el TS investiga el posible intercambio de información contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Entre los investigados figuran, además de García Ortiz, los fiscales provinciales Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. La investigación aborda conversaciones telefónicas que se produjeron entre el 8 y el 14 de marzo, ahora contenidas en el informe compartido con las partes del proceso judicial.

Álvaro García Ortiz ha desempeñado el cargo de fiscal general del Estado desde su nombramiento, siendo un actor destacado en el engranaje del sistema judicial español. Su figura ha estado en el punto de mira en varias ocasiones, sin embargo, la reciente comunicación impropia de sus datos personales ha venido a dar una vuelta de tuerca más al caso que investiga la presunta filtración de información sensible sobre la pareja de Ayuso.

En su misiva a la secretaría de Estado de Seguridad, García Ortiz destacó que esta práctica puede comprometer gravemente su seguridad personal, solicitando medidas de refuerzo inmediatamente. La divulgación de datos sensibles en un contexto judicial plantea interrogantes sobre las prácticas de manejo de información en procesos que involucran a figuras destacadas y que pueden tener implicaciones de seguridad. El caso pone en la palestra la necesidad de equilibrar el acceso a la información judicial y las garantías de privacidad de aquellos involucrados en procesos judiciales. Además, se destaca la importancia de asegurar que sólo se comparta información que sea pertinente y esencial para el caso que se sigue, evitando así poner en riesgo a las personas.