El Gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por la Dana

De esta forma, el departamento que dirige Elma Saiz busca dar una solución a los ciudadanos extranjeros que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones. "Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que vamos a adoptar, pero siempre desde la seguridad jurídica", avanzó la ministra Saiz el 29 de enero tras participar en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).

Según entidades sociales de la Comunidad Valenciana, actualmente, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos --como contrato de trabajo o de alquiler o cuenta bancaria--, que "excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social".