En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Gabriel Rodríguez Ramos presenta sus alegaciones ante el último recurso de la Abogacía de Estado contra el auto del juez del pasado día 13 por el que cita a García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como investigados para declarar esta misma semana.
«Se puede afirmar sin ápice de error que Álvaro García Ortiz ha abandonado la 'misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad' hasta convertirse en el mayor enemigo de la función jurisdiccional del órgano al que nos dirigimos», señala el texto en el que arremete duramente contra la estrategia de la Abogacía. Y ello, añade, «haciendo uso para su personal y defensiva misión de tratar de boicotear la actuación instructora de las prerrogativas del cargo que aún conserva».
Explica que la actuación de la UCO ha revelado que el fiscal general ha hecho «uso de la administración y de sus funcionarios públicos para tratar de evitar» que el Supremo «conozca la verdad» y lo ha hecho «con todo lo que ha estado en su mano».
Como ejemplo, relata que García Ortiz «haciendo uso para ello de su cargo público» se deshizo de las comunicaciones de su móvil, que «hubiera permitido el descubrimiento de la verdad de lo sucedido». Pero en vez de eso, continúa, «busca alejar con todos esos medios públicos al tribunal del descubrimiento de la verdad, obligando a acordar diligencias alternativas que de forma sistemática también recurre».
«¿Por qué no aporta ese dispositivo móvil y termina de una vez, a través de la verdad, con cualquier recurso o discusión? La respuesta es evidente: porque la información de dicho dispositivo no haría sino reflejar las delicadas conductas por él protagonizadas», agrega.
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A este le quedan dos días para ponerse delante de un juez