TW
1

Después de superar una investidura compleja y llena de incertidumbres, Salvador Illa se enfrenta los próximos años a una legislatura plagada de retos como presidente de la Generalitat. En el discurso posterior a ser investido, prometió gobernar para todos los ciudadanos "teniendo en cuenta la pluralidad y la diversidad del país" con un modelo "constructivo y positivo".

Tras reunirse este viernes con el presidente saliente, Pere Aragonès, para hacer el traspaso institucional de funciones, el socialista pone en marcha su agenda política, en la que destaca un cambio de financiación para Cataluña como objetivo principal. El nuevo modelo fiscal fue una de las condiciones que Illa aceptó para cerrar un acuerdo con ERC y permitirá que sea la comunidad la que recaude y gestione los impuestos generados en el territorio catalán.

En cuanto al acuerdo con los Comunes, Illa garantizó poner en marcha medidas para mejorar el acceso a la vivienda, como la construcción de 50.000 nuevos pisos protegidos, y regular los apartamentos turísticos. Además, desencalló uno de los principales motivos por los que no se aprobaron los anteriores presupuestos catalanes: la construcción del Hard Rock. La línea roja de los de Jéssica Albiach ha quedado borrada del futuro de Tarragona, tras aceptar los socialistas no llevar a cabo el macrocasino.

Asimismo, trabajará para "unir y servir" a los ciudadanos de Cataluña -su lema de campaña- y pasar página después de lo que él considera "una década perdida" con gobiernos independentistas al mando y una época marcada por el "personalismo" de Carles Puigdemont. También se ha comprometido a promover la resolución del conflicto político entre España y Cataluña con la creación de una Convención Nacional.

A pesar de obtener mayoría absoluta en la sesión de investidura con los votos a favor de los republicanos y los Comuns, Illa también es consciente de que necesitará apoyo de "todos" para gobernar y sacar adelante las transformaciones que considera necesarias. Sin embargo, el jueves aseguró que ahora empieza un "momento histórico" con el PSC al frente de la Generalitat.

Financiación singular

El principal punto de su mandato será la aplicación de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Una promesa con la que obtuvo los votos de ERC y permitirá que la comunidad avance hacia "una plena soberanía fiscal" basada en la relación bilateral con el Estado.

Para ello, se prevé que la comunidad salga del régimen común y sea la Agencia Tributaria Catalana la que recaptará, gestionará, inspeccionará y liquidará todos los impuestos. De esta manera, el acuerdo recoge que se podrán dotar a las instituciones catalanas "de los recursos necesarios para hacer frente a la Cataluña de los ocho millones".

Este punto puede ser complicado, ya que casi todos los gobiernos regionales han salido en las últimas semanas a censurar públicamente el acuerdo entre ambas formaciones. Desde Madrid, La Rioja o Murcia consideran que es un "despropósito", un "hecho gravísimo e inconstitucional" y un "chantaje", por lo que han anunciado medidas judiciales para frenar lo que califican de "privilegio" para los catalanes.

Mejoras en educación y sanidad

Otro de los ejes principales que marcará la legislatura del líder del PSC es la mejora de los servicios públicos catalanes, como la educación o la sanidad. En términos educativos, el gobierno de Salvador Illa trabajará para revertir los nefastos resultados del alumnado catalán en el informe PISA, que los situó por debajo de la media del resto de España y de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Matemáticas, Lectura y Ciencia.

También impulsará el sistema del trinlingüismo en las aulas, ya que considera que recuperar el catalán "no quiere decir impedir hablar inglés". Sin embargo, pactó con ERC poner en marcha medidas para proteger el catalán, como por ejemplo, aprobar un Pacto Nacional por la Lengua dotado con 200 millones de euros en los primeros 100 días del nuevo Govern o la creación de la Conselleria de Política Lingüística que permitirá, según los republicanos, que las medidas relativas al idioma "sigan encima de la mesa".

Se ha comprometido a la gratuidad de la educación infantil 0-3 y a mantener el vale escolar dirigido a las familias con una cantidad mínima de 70 euros por hijo, tal y como estaba previsto en los presupuestos de 2024.

En términos de sanidad, el principal propósito del nuevo presidente de la Generalitat será reducir las listas de espera. Para ello, quiere que destinar un 7% del PIB a este ámbito, con el que también contempla la actualización de los materiales sanitarios, mejoras para los profesionales y la ampliación de algunos centros hospitalarios.

Más vivienda y límites al negocio del turismo

La vivienda será otro eje vertebrador del Ejecutivo socialista. A falta de ver si finalmente los Comuns entran en el Govern, los de Jéssica Albiach ya han avisado que estarán atentos para que se cumplan los acuerdos firmados. Unas condiciones que Illa ha prometido que sacará adelante. De hecho, durante su discurso antes de ser investido president, anunció la construcción de 50.000 pisos protegidos para poner en marcha "la política de vivienda más ambiciosa de la democracia".

Según Illa, la barrera actual "más grande de la desigualdad, especialmente entre la gente joven, es la vivienda". Por eso, también se ha comprometido a regular "el alquiler de corta duración y los pisos turísticos" en Cataluña, de manera que se pueda garantizar que las viviendas sean para vivir.

Sobre el turismo, el socialista también acordó poner freno a los macroproyectos y a la llegada masificada de visitantes extranjeros. Por ello, zanjó la polémica construcción del macrocasino Hard Rock en Tarragona, una condición indispensable para los Comuns. En cuanto a los cruceros y los cruceristas, acordó reducir y limitar sus llegadas a puertos catalanes.

Resolución del conflicto político

Illa también tendrá que hacer frente al conflicto político entre Cataluña y España durante su legislatura. Tras reconocer que el choque tiene "profundas raíces históricas" que se vieron agravadas cuando se dio una respuesta judicial, el socialista ha abierto la puerta a la configuración de un debate "político, social y ciudadano" para llegar a una solución.

Este debate se traducirá en la creación de una Convención Nacional durante el primer pleno del Parlament para la resolución de la problemática. Estará presidida por un parlamentario de ERC y formada por representantes de los otros grupos. Además, la Convención también hará seguimiento y monitorización de la aplicación de la ley de amnistía.