El magistrado Juan Carlos Campo pide abstenerse de los recursos contra la amnistía

En estos días han ido entrando recursos de amparo de particulares contra la proposición de ley que, según las fuentes consultadas, no tienen ningún tipo de recorrido porque no se ha aprobado la ley y, por tanto, no afectan a nadie hasta la fecha. Uno de esos recursos ha recaído por turno en Campo, que ha aprovechado la ocasión para pedir su abstención, si bien ya el propio recurso solicita su recusación por su etapa al frente del Ministerio de Justicia.

La abstención o recusación de Campo ya planeaba en el tribunal por haber sido el ministro que firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional, además de otras declaraciones posteriores que ha hecho al respecto. Igualmente, otro de los recursos le ha tocado a la magistrada Laura Díez, en el que también se insta a su recusación por haber sido alto cargo de Moncloa desde el 4 de febrero de 2020 hasta el 26 de abril de 2022.

Como sucede con Campo, la posición de Díez será previsiblemente cuestionada por los futuros recursos que entren contra la ley una vez sea aprobada, como ya ha intentado el PP contra ella en varias ocasiones, que ha anunciado que recurrirá la norma. Lo mismo sucederá con el presidente Cándido Conde Pumpido, que se apartó hace tiempo de todos las cuestiones que afectaran al 'procés' una vez que el expresident catalán Carles Puigdemont solicitó su recusación, si bien las fuentes descartan que en esta ocasión mantenga esa postura y se quede fuera porque entiende que el asunto a tratar es diferente.

Los tres casos son relevantes porque ahora mismo el equilibrio de fuerzas en el Constitucional está a favor del bloque progresista por siete a cuatro, de ahí que el desenlace de las abstenciones y recusaciones sea crucial para la resolución de los futuros recursos. Más aún cuando, además, hay una vacante pendiente en el tribunal que debe de ir a parar a las filas conservadoras pero cuyo proceso está paralizado al verse afectado por la incapacidad de PSOE y PP de renovar el Consejo General del Poder Judicial.