Escuelas Católicas, que integra a cerca de 2.000 centros, la mayoría con algún nivel concertado, ha advertido de que el presupuesto anual de los colegios concertados podría «multiplicarse por tres» debido a la subida del precio de la energía. «El presupuesto total multiplicaría por tres los gastos de funcionamiento habituales debido a la subida energética», ha asegurado en declaraciones a Europa Press el secretario General Adjunto de Escuelas Católicos, Luis Centeno. Tras hacer cálculos del presupuesto para el curso 2022-2023, la organización prevé que el gasto de electricidad «se va a multiplicar por dos como mínimo con respecto a un año habitual y los gastos de calefacción se van a multiplicar casi por cinco».
En este contexto, el secretario General Adjunto de Escuelas Católicas ha lamentado que «las últimas noticias son preocupantes porque la guerra se recrudece» y debido a que España «depende ya prácticamente de terceros países». «En el caso hipotético de que hubiese cualquier restricción o incidente en alguna de las vías alternativas de canalización del gas esto podría ser la hecatombe. Los precios que se manejan es multiplicar por cinco el gasto de un curso habitual en calefacción», ha alertado. Para hacer frente a esta subida de precios, la entidad reclama a las administraciones públicas que en los centros concertados «se haga lo mismo que se decida para los centros públicos». «No se han actualizado los módulos de conciertos, que están totalmente obsoletos, no cubren ni la mitad de los gastos normales de funcionamiento», ha afirmado Centeno. «Con la que se nos viene encima este invierno, el déficit va a ser mucho mayor. Consideramos urgente que en los Presupuestos Generales de 2023 haya un incremento relevante, no un 2%, 3% o 4%, sino en torno al 20% o 30% en la partida de gastos de funcionamiento y un compromiso de que en los próximos años se va a incrementar hasta cubrir ese coste real», ha manifestado.
Baleares, en capacidad de negociar
Entre las comunidades autónomas que «ahora mismo están en disposición» de negociar un ajuste del módulo de conciertos, el secretario General Adjunto de la organización ha nombrado a Cataluña, País Vasco o Baleares y ha matizado que «hay unos mínimos que todas las comunidades autónomas tienen que cumplir». «Corresponde al Estado esa financiación, pero luego las comunidades autónomas pueden mejorar por su cuenta el mínimo establecido por el Estado. En estas tres comunidades tienen buena disposición para afrontar ese problema», ha precisado Centeno, destacando que en Cataluña «parece que los ofrecimientos son más favorables» y que en Baleares «prácticamente con la subida del IPC se agotan»: «Tiene que haber unas subidas importantes». Asimismo, ha señalado que no contemplan otras medidas como «no poner la calefacción o que los estudiantes no puedan conectar sus dispositivos libremente por el consumo de electricidad», aunque sí van a hacer «una contención del gasto en tanto sea posible» pero «sin afectar en nada al bienestar de los alumnos».
Así las cosas, ha avanzado que los centros concertados tendrán que «hacer un uso mucho más restrictivo y racional de la calefacción», así como del «uso de la electricidad para todos los dispositivos, que se han multiplicado ante la digitalización en la enseñanza». Precisamente, ha resaltado que, aunque tiene «muchas ventajas», la digitalización también tiene «una serie de gastos necesarios de los que parece que nadie se está dando cuenta». «No solo es el gasto de adquisición de equipos, sino el mantenimiento y el consumo. Al precio que está la electricidad, la digitalización de un colegio puede disparar la factura de la luz», ha concretado. «La única alternativa si queremos que la digitalización pueda seguir desarrollándose y que no se tomen medidas superdrásticas en los centros es que las administraciones colaboren como lo van a hacer con los centros públicos», ha asegurado Centeno.
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha señalado que en los colegios «ha habido un fuerte incremento de gastos con el encarecimiento de la energía y la alimentación, así como de otros muchos elementos cuyo precio depende de ellos». «Muchos centros tenían precios congelados desde hacía años y han hecho pequeñas subidas, pero podemos decir que en general no se ha subido lo que corresponde al IPC. Los centros están conteniendo en lo posible esas subidas», ha afirmado. Aunque muchos suministradores y empresas de catering «han subido los precios a los colegios según contrato con el IPC», Aguiló ha matizado que «muchos centros no están repercutiendo toda esta subida a las familias».
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