La iniciativa para abolir la prostitución en España que comienza ahora su andadura en el Congreso recupera ese objetivo y, en línea con el modelo sueco y francés, amplía su ámbito a los puteros, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor. No obstante dentro mismo de las fuerzas progresistas se escuchan voces disonantes. Dónde radica esa división.
El PSOE lo tiene muy claro. La prostitución es una forma de violencia contra la mujer por el hecho mismo de su concepto. Sin embargo las posiciones de aquellos que en otras tesituras han apoyado al Gobierno y su acción legislativa llaman la atención. Salvo el PP todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados han expresado críticas o reservas más o menos tajantes a la propuesta socialista.
La portavoz Adriana Lastra (PSOE) llamó desde la tribuna al consenso para acabar con la impunidad del proxenetismo: «En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden». «La explotación sexual, el comercio con el cuerpo de las mujeres es el último residuo del sistema esclavista», ha recalcado la dirigente socialista pidiendo no olvidar que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres explotadas sexualmente.
Curiosamente el principal apoyo del grupo socialista ha llegado desde las filas del PP, cuya portavoz Marta González ha subrayado la voluntad de su partido de colaborar en una transformación social que ha comparado con el final de la esclavitud o de la pena de muerte. «Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre», ha defendido la diputada, quien ha recalcado el rechazo de su grupo a cualquier forma de violencia contra las mujeres, entre las que la prostitución es una «particularmente grave»: «quienes consumen son ellos y ellas las que son objeto, que no sujeto, de consumo».
Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque En Comú ha decidido votar «no» al considerar que la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres, han explicado fuentes de esta formación. Alguna voz destacada como el ministro de Consumo y coordinador de IU Alberto Garzón se ha significado en la línea abolicionista. No obstante, desde la tribuna la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha expuesto también múltiples discrepancias y ha avanzado que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros. Ante esta última reticencia, fuentes del grupo socialista han reconocido que su iniciativa es «de máximos» y se han mostrado abiertas a estudiar todas las propuestas.
Para Vox, que ha decidido abstenerse, la prostitución «es un mal, no es moralmente buena ni para las personas que lo ejercen ni para los que lo consumen», pero su diputada María de la Cabeza Ruiz ha criticado que el PSOE se haya lanzado a prohibir sin ofrecer alternativas a las mujeres y sin reformar la lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes. Mientras, el bloque de investidura se ha dividido entre la abstención (PNV y EH Bildu) y el no, una opción que ha encabezado ERC y a la que se ha sumado formaciones como Ciudadanos y la CUP.
La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha denunciado la «demagogia» del PSOE al presentar esta ley sin consultar a las mujeres que se prostituyen y no atender sus necesidades: «están blanqueando sus sepulcros; son ustedes unos hipócritas». El PVN también ha exigido una reforma de la ley de extranjería y una ley contra la trata y ha lamentado el «feminismo punitivista», mientras que EH-Bildu ha reclamado un debate amplio que distinga la trata de la prostitución ejercida libremente, la misma petición que han hecho Junts y el PDeCAT. Desde la CUP se ha acusado al PSOE de «legislar desde la moral» y también ha sido muy crítico el discurso de la portavoz de Ciudadanos Sara Giménez, quien ha apostado por regular la prostitución para garantizar derechos a aquellas personas, la mayor parte mujeres, que se prostituyen de forma libre.
El apunte
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