Pero son muchos más los asuntos que marcarán la agenda del ministro en esta nueva etapa, condicionada además por los acuerdos a los que ha llegado el PSOE con otros partidos para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Los socialistas ya apostaron en su día por la derogación de la conocida como 'ley mordaza' y, de hecho, presentaron en el Congreso un texto alternativo, pero el pacto con Unidas Podemos para formalizar un Gobierno de coalición les obliga aún más a llevar a la Cámara una norma que sustituya a la que aún está en vigor.
Y por ese acuerdo, Marlaska tendrá también que buscar alguna fórmula para retirar las medallas al expolicía franquista conocido como Billy el Niño, una de las demandas de la formación que lidera Pablo Iglesias.
La investidura de Sánchez ha sido posible también por el apoyo del PNV, que ha exigido algunas contraprestaciones, como la negociación de traspasos pendientes al País Vasco -entre ellos, las prisiones- o la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra.
Para este último asunto Marlaska ya sabe que cuenta con el rechazo de las asociaciones de guardias civiles, que ven en este traspaso la salida del instituto armado de la comunidad foral. Pero el ministro lo ha dejado claro: ningún guardia civil saldrá de Navarra. Si va a ser así, tendrá que «recolocar» a los 175 agentes que realizan las funciones de tráfico en otros puestos dentro de ese territorio, dicen las asociaciones.
Éstas y los sindicatos policiales ya han anunciado que le van a exigir el pago cuanto antes del tercer tramo -247 millones de euros- del acuerdo de equiparación salarial, algo que Marlaska tendrá que afrontar en el corto plazo.
Los sindicatos reconocen que Marlaska ha hecho «limpieza» en las «cloacas» o la llamada «policía política» y aplauden que el excomisario José Villarejo esté en la cárcel, pero algunos sectores de la Policía Nacional creen que todavía tiene que «pasar la fregona» para erradicar esas conductas que, según ha reconocido más de una vez, le avergüenzan.
A juzgar por lo que se ha visto en las sesiones de la investidura, ETA va a estar más presente en el debate político de esta legislatura que durante el año en el que Marlaska ha dirigido el Ministerio.
Con una importante trayectoria como juez en la lucha contra ETA, Marlaska ha dado pasos en el acercamiento de presos de la banda a cárceles próximas al País Vasco sin que haya levantado ampollas entre las asociaciones de víctimas, informadas de cada paso dado en ese sentido.
Todo parece indicar que la política penitenciaria del equipo de Interior seguirá por ese mismo camino, pero tendrá enfrente a Vox y al PP, que ya arremetieron duramente contra Pedro Sánchez por «aliarse» con EH Bildu.
En el ámbito penitenciario, Marlaska tendrá que volver a escuchar las mismas reivindicaciones de los sindicatos de Prisiones, que le van a seguir demandando más salario y más personal. Para esta última petición, sobre la mesa hay una propuesta de incorporar a militares a puestos de funcionarios de prisiones.
La inmigración es otro de los retos del Ministerio. Reducir las llegadas de migrantes irregulares -en 2019 ya se ha producido una importante disminución- es uno de los grandes objetivos del departamento.
Como lo es descongestionar la Oficina de Asilo y Refugio (hasta el 30 de noviembre pasado se habían presentado 107.000 nuevas solicitudes, la mayoría de venezolanos), reformar los centros de internamiento de inmigrantes (CIE), seguir negociando en Europa la distribución de los refugiados o intensificar las relaciones con los países de origen y de tránsito.
Mientras tanto, seguirá el proceso de sustitución de las concertinas -que ya comenzó en noviembre- en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla por métodos menos lesivos y que aún no se han dado a conocer.
Otra materia dependiente de Interior es la seguridad vial, que encara 2020 con unos resultados más esperanzadores al haberse reducido por segundo año consecutivo el número de muertos en las carreteras.
La coyuntura política solo ha permitido a Tráfico poner en marcha una de las medidas de un amplio paquete que desde hace tiempo tiene diseñado. Se trata de la reducción a 90 km/h del límite máximo de velocidad en las carreteras secundarias. Ahora le tocará el turno a la regulación del patinete, a las calles 30 en las ciudades y al aumento de puntos a detraer por el uso del móvil al volante.
Un plan para mejorar la seguridad de los motoristas, otro para los ciclistas y la reforma del carné por puntos aguardan el inicio de la actividad del nuevo Gobierno.
Gobierno que seguirá mirando al Campo de Gibraltar y luchando contra el narcotráfico en la zona, con un plan que ha dado buenos resultados y que Interior no descarta «exportar» a otros lugares donde el narco se ha trasladado tras los golpes policiales recibidos.
Con la misma cúpula o con otra renovada, Marlaska también tendrá que poner un ojo en Cataluña, porque las protestas independentistas pueden continuar y el ministro querrá seguir contando con la buena coordinación que últimamente ha habido entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra.
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