Oriol Pujol pide sustituir su pena de cárcel por trabajos sociales

En la vista celebrada este lunes, en la que la Fiscalía pide su ingreso inmediato en prisión, Oriol Pujol, condenado por delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil, se ha dirigido directamente a la juez para expresarle: «Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo», según fuentes jurídicas.
El abogado de Pujol, Xavier Melero, ha explicado a los medios que la suspensión de la pena de cárcel es posible --las penas de los tres delitos por separado no superan los dos años--, y ha defendido que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen «eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño».

En este sentido, ha argumentado que «los trabajos en beneficio de la comunidad no son una pena de segundo orden» y que en el caso de personalidades con notoriedad puede implicar proyección para este tipo de actividades solidarias.

Melero ha destacado que Oriol Pujol ya hace trabajo social de forma voluntaria desde hace tiempo, como colaborar con un comedor comunitario, «y pide la oportunidad de no desestructurar aun más su vida».

En este sentido, el abogado del hijo del expresidente Jordi Pujol ha recordado que tras la condena por este caso el «proyecto existencial de 25 años de dedicación a la política se ha acabado» para él, así como sus relaciones sociales y amistades, y su notoriedad.
De hecho, ha remarcado que actualmente «nadie le quiere dar trabajo y tiene un trabajo modesto que le cuesta mantener», de agente comercial, por lo que su planteamiento a la magistrada a la hora de cumplir con la sentencia se basa en no desestructurarse más y continuar su vocación pública con un trabajo solidario.

La Fiscalía especial contra la corrupción pide el ingreso inmediato de Pujol en prisión porque fue condenado por delitos relacionados con la corrupción política y económica, ya que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es «una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier estado», tal como refleja un escrito presentado ante la Audiencia.

La fiscal Teresa Duerto defiende que es necesario porque ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos «pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue».

El 27 de julio, el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó en firme al exdiputado por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV a dos años y medio de cárcel, en un pacto de conformidad con la Fiscalía.

En concreto, fue condenado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.

Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil impuso la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.