El juez descarta imputar a Cifuentes al no hallar relación con la financiación ilegal del PP

En dicho informe, la UCO ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Las fuentes han resaltado que la UCO la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación ilegal del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.

En ese informe, del pasado 1 de marzo, la Guardia Civil concluye que esas adjudicaciones podrían estar amañadas y señala que Cifuentes como presidenta de la mesa de contratación podría haber incurrido por ello en delitos de cohecho y prevaricación.

Los contratos de adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».

Entre esas personas, la UCO menciona expresamente a Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.

Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.

Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año.

Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la «coincidencia» de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.

Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos «importantes» donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación «directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid» que sirvió para» financiar de manera encubierta» al mismo «para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización».