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Más de un centenar de asociaciones del ámbito educativo y social han creado la 'Plataforma por las libertades' para exigir la derogación de las leyes por los derechos de las personas LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) que se han aprobado en diferentes comunidades autónomas y para ayudar a los ciudadanos a «defenderse» de ellas, por ejemplo, recurriendo a la objeción de conciencia.

«Pedimos a los legisladores que deroguen estas leyes totalitarias que atentan contra la libertad; pedimos a las administraciones que se ocupen de lo que verdaderamente preocupa y no desvíen la atención ni el tiempo ni el dinero del contribuyente en legislar atentando contra libertades fundamentales», ha subrayado este martes 20 de diciembre la coordinadora de la plataforma y exdiputada del PP, Lourdes Méndez, durante una rueda de prensa en Madrid, en la que también ha participado el presidente de la Federación 'One Of Us', Jaime Mayor Oreja.

Según ha precisado Méndez, la unión en esta plataforma surge para «defenderse» de las instituciones que, a su juicio, «en lugar de defender a los ciudadanos se pliegan ante lobbys y utilizan su poder para imponer una ideología».

En concreto, ha indicado que denunciaron ante el Defensor del Pueblo las «vulneraciones» que consideran que conllevan estas leyes, incluida «la falta de competencia de las CCAA para legislar sobre estos temas» que, a su parecer, han de ser «objeto de leyes orgánicas del Estado», y que no les dio amparo.

«Lejos de ampararnos o dejar la posibilidad de que el TC decidiera sobre lo que pretendíamos, desestimó nuestra pretensión sin tan siquiera argumentar a varios de los derechos denunciados como vulnerados», ha precisado.

Entre estas vulneraciones, Méndez ha apuntado que estas leyes «atentan de forma clara» contra la libertad de educación de los padres ya que, según indican, «obligan a los colegios a impartir las doctrinas del lobby LGTBI».

También ha advertido del «peligro» de que los investigadores sean sancionados si sus trabajos arrojan «resultados que contradicen la ideología de género» y consideran que se ha instaurado la «censura» al prohibir alguna de estas normas la presencia de tales investigaciones en las bibliotecas públicas.

Asimismo, desde la plataforma denuncian que estas leyes invierten la carga de la prueba y, de esta forma, «cualquier empresario que decida no contratar a una persona, en función de su interés empresarial, puede ser acusado de discriminación por homofobia teniendo que probar lo contrario para no ser sancionado».

Mientras las leyes por los derechos de las personas LGTBI continúen en vigor, desde la Plataforma por las Libertades ofrecerán información sobre cómo ejercer la objeción de conciencia o presentar demandas de carácter judicial. Asimismo, los padres podrán encontrar impresos para solicitar a los colegios de sus hijos información sobre los contenidos que se van a impartir.

Finalmente, las asociaciones que forman parte de la Plataforma animan a la sociedad civil a adherirse al manifiesto que han publicado en su página web 'www.plataformaporlaslibertades.org'.