La Guardia Civil ha detenido este martes a doce personas y ha efectuado una cincuentena de registros en diez provincias en una operación contra la corrupción municipal vinculada a la consultora Efial, que se ha extendido por varios municipios españoles tras ser absorbida por la empresa CGI.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la intervención, que el gobierno catalán ha criticado al considerar que su «autor intelectual» es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha saldado con doce detenidos, registros en 48 ayuntamientos, empresas y domicilios y el requerimiento de contratos con Efial y CGI a una quincena de consistorios de toda España.
En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se investigan delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones.
Según los investigadores, Efial, una consultora especializada en administración pública, ofrecía a ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por Convergència Democràtica (CDC), servicios para mejorar su gestión y optimizar las cuentas, y aprovechaba supuestamente el menor control público a las entidades empresariales locales (EPEL) para desviar fondos.
Este sistema supuestamente corrupto saltó a algunos ayuntamientos de otras provincias -Castellón, Balears, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara-, después de que hace meses Efial fue absorbida por CIG, consultora contratada por varios consistorios de fuera de Catalunya.
Esta operación se enmarca en una pieza separada del caso que el juez de El Vendrell empezó a investigar en 2014 a raíz de las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra, cuando estaba dirigido por el alcalde Daniel Massagué (CDC), lo que desembocó en el llamado caso del 3 %, que llevó al instituto armado a registrar la sede de CDC en agosto pasado.
Entre los detenidos figuran los exalcaldes de Anglès (Girona) Josep Manel Bassols -que ya fue arrestado durante la investigación del caso del 3 % sobre supuesta financiación irregular de CDC- y el de L'Ametlla de Mar (Tarragona) Andreu Martí (CDC).
También han sido detenidos varios empresarios, entre ellos el director de Efial, Antoni M., así como directivos de CIG.
La Guardia Civil ha registrado los Ayuntamientos de L'Ametlla de Mar, Tortosa, Ascó y Vandellós, en Tarragona, así como los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en Madrid, y Trillo (en Guadalajara).
También se ha personado en una quincena de ayuntamientos para requerir información sobre los contratos con Efial y CGI, entre ellos los de Barcelona, Girona, Cambrils (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Llinars del Vallès (Barcelona) y Calonge (Girona).
Otros ayuntamientos a los que ha acudido la Guardia Civil con un requerimiento judicial para obtener documentación son los de Alaior y Sóller (Balears), Masquefa (Barcelona), Velilla de San Antonio, Getafe y Collado Villalba (Madrid), Armilla (Granada), Benicassim (Valencia) y Palos de la Frontera (Huelva).
Además, la Guardia Civil también ha acudido a la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), donde han requerido toda la documentación de sus investigaciones sobre este asunto.
Entre esa documentación, según fuentes cercanas al caso, figuran las relativas a una investigación de este organismo sobre los contratos de servicios encargados por el Ayuntamiento de Girona entre los años 2011 y 2015, durante la etapa en la que su alcalde era Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat.
La Guardia Civil también se ha llevado del Ayuntamiento de Girona cinco contratos firmados con las empresa Efial, CGI y Oliver Camps, no sólo entre 2011 y 2015 -el periodo investigado por Antifraude- sino también de los años 2009 y 2010.
La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha detallado que el precio de las auditorías encargadas a estas consultoras se incluyen en el apartado de «contrataciones menores», que oscilan entre los 4.500 y los 17.600 euros, en las que se siguió «toda la tramitación legal que se exige».
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