El juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia, considera en la sentencia publicada este martes que ambos son culpables de un delito de falsedad contable con el que encubrieron las pérdidas millonarias de la entidad en 2008.
Y aunque reconoce que alteraron la cuenta de resultados de la entidad para que reflejara beneficios inexistentes, los absuelve del delito de administración fraudulenta.
En concreto, el juez señala que ambos «utilizaron un ardid contable» para tapar «unas pérdidas que se podrían denominar galopantes» relativas a valores cotizados.
No obstante, considera que no existe «la certeza» de que el vaciamiento de la caja se debiera a una «acción voluntariamente intencional» de los acusados.
Lo que resulta claro para el juez es que ambos acusados son coautores, puesto que realizaron todo «conjuntamente y de mutuo acuerdo».
Aunque no hay duda de que fue Ortega quien configuró el artificio contable, ello no exime de responsabilidad a Hernández Moltó, quien asumió dicho artificio en su condición de presidente y representante de la caja, según la fuente.
El juicio por el saqueo de CCM despertó desde el primer momento un enorme interés porque Moltó, a la sazón portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso, fue en 1994 extremadamente duro con el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, investigado por presuntas irregularidades en su gestión.
Moltó pidió entonces a Rubio que aprovechara la oportunidad «para salvar la poca honestidad que le queda», y tras pedirle que le mirara a los ojos, lo acusó de «egoísmo y cobardía» en su actuación.
La sentencia publicada este martes destaca que tanto Hernández Moltó como Ortega sabían que el Banco de España consideraba la entidad «no viable», por lo que todo el «calendario» fijado por ambos para la gestión de la caja carecía de sentido.
Y así, señala la sentencia, se hizo constar el 31 de diciembre de 2008 que la entidad tenía ganancias, cuando su situación financiera era tan crítica que tuvo que ser intervenida tres meses después.
En opinión el juez, las cuentas eran falsas «al no haber existido jamás un beneficio de 93 millones de euros».
Asimismo, el juez añade que los créditos concedidos por CCM lo fueron sin observar las prácticas bancarias habituales y que se advertía «en principio cierto trato de favor» en algunos casos, ya que ciertos préstamos resultaron total o parcialmente impagados.
No obstante, estima el juez que aunque los créditos recibidos por grupos de muy alto riesgo contribuyeron a la despatrimonialización de CCM, no existen indicios de una acción «voluntariamente intencional» por parte de ambos acusados con el fin de procurarse un bien determinado.
En este aspecto, el magistrado desestima las acusaciones por administración desleal, dado que «una mala gestión y un peor control de los riesgos» no determina la existencia de un delito penal.
En sus conclusiones, el magistrado considera que «resulta hasta sarcástica» la actitud durante el juicio de Moltó, que califica de «absolutamente inadmisible» ya que trataba de «colocar la imagen de que era 'animador sociocultural de la caja' y con 'parecidas funciones a las de una 'reina madre'» y «descargar la responsabilidad» en Ortega.
Las defensas de Hernández Moltó y Ortega disponen ahora de diez días para interponer recursos contra el fallo del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, antes de que se ponga fin a un largo proceso de siete años.
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