Con la entrega del acta, Mas pierde la condición de aforado, aunque la causa del 9N seguirá con toda probabilidad en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunyaa, dado que otra de las imputadas, la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, sigue siendo diputada.
Al renunciar a su último cargo público, Mas podrá optar, si lo desea, a las prerrogativas de un expresidente de la Generalitat, entre ellas la asignación mensual del 80 % de lo que cobraba como presidente por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que ha estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura.
Según la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat, la percepción de esta asignación es incompatible con el ejercicio de un cargo público o privado ni con la participación en consejos de administraciones de empresas públicas y privadas.
Como expresidente, Mas también tiene derecho por ley a una oficina con dotación presupuestaria y personal.
El líder de CDC anunció el pasado sábado que cedía el testigo a Carles Puigdemont, para permitir el acuerdo entre JxSí y la CUP, pero entonces no aclaró si también abandonaría su escaño ni qué papel asumiría en el futuro, aunque aseveró que seguiría ayudando al Govern y al Parlament en el proceso soberanista y dejó claro que no abandonaba la política.
En su discurso despedida, Artur Mas dijo que a partir de ahora dedicará sus «esfuerzos personales a rehacer lo que significa Convergència», partido del que es presidente desde 2012.
La renuncia de Mas abre el paso al ingreso en el Parlament de Fabian Mohedano, exdirigente del PSC que abandonó el partido por el proceso soberanista y que es el siguiente en la lista de JxSí por Barcelona del pasado 27S.
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