La Policía Nacional en el exterior de la sede del PP, en la calle Génova, a donde el juez Pablo Ruz ha enviado a un secretario judicial acompañado por la policía con un requerimiento para que el partido aporte documentación sobre la empresa Unifica, responsable de las obras de remodelación en el edificio de Génova 13. | Reuters

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La Agencia Tributaria ha elevado en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de «fondos ajenos al circuito económico legal» las obras en la planta baja.

Este informe amplía otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras realizadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató diferencias entre las cantidades que figuran en las facturas requeridas al partido por esos trabajos y las incautadas a la empresa Unifica.

Según ese informe, esas diferencias de facturación fueron de 211.160 euros en la segunda planta, de 256.426 en la tercera, de 217.879 en la cuarta y de 274.880 en la quinta.

Esas cantidades suman 960.345 y a eso se añaden ahora los 750.095 euros de diferencia en facturaciones en la planta baja, lo que equivale a un total de 1,7 millones de euros, lo que supera en 812.000 euros, los 888.000 euros que el extesorero Luis Bárcenas reflejó en la contabilidad B como pagos a Unifica.

En este nuevo informe, que se centra en las obras de la planta baja -ejecutadas en 2006 y que por tanto el delito fiscal habría ya prescrito-, los peritos de Hacienda sostienen que esa diferencia de 750.095 euros (sin IVA) y «entre el importe total de las dos certificaciones finales incautadas por lo trabajos en planta baja, fueron abonados por parte del PP a Unifica con fondos ajenos al circuito económico legal, parte de los cuales habrían tenido reflejo en las anotaciones contables llevadas por Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta».

Otra parte, añaden, «habría sido abonada como anticipo o pago a una cuenta sin facturar, cantidades sobre las que pudo haberse aplicado un descuento», que Bárcenas declaró fue del 8 %.

En su análisis, Hacienda observa que en la documentación incautada en la sede del PP se indica que el presupuesto de la ejecución de esa obra asciende a 1.066.752,58, mientras que en Unifica se encuentra una certificación final de la planta baja de 586.709 euros, lo que determinaría una diferencia entre ambas certificaciones de 750.095 euros.

Según Hacienda, «la existencia de dos certificaciones finales para algunas obras de reforma, cuya diferencia no figura consignada en factura, implicaría que no se repercutió sobre las mismas» el IVA, mientras que las cantidades percibidas «fuera del circuito de facturación» no se «integraron en el resultado contable» de los correspondientes ejercicios, por lo que no quedaron «sujetas a tributación por el Impuesto de Sociedades».

El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, hace referencia a este último informe de Hacienda en un auto notificado hoy en el que pide a la Agencia Tributaria que elabore el análisis definitivo sobre la facturación de la totalidad de las obras, en el que haga referencia a las cuotas presuntamente defraudadas en el IVA y en el Impuesto de Sociedades por parte de Unifica «correspondientes a los distintos ejercicios fiscales afectados por las referidas obras».