El juez abre juicio a Díaz Ferrán e impone fianzas de 1.100 millones a los once acusados

Además de Díaz Ferrán, para el que la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, el magistrado ha dictado la apertura de juicio oral contra el empresario Ángel De Cabo y otras nueve personas por los delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento continuado, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

Velasco impone en un auto a los once acusados una fianza de resposabilidad civil de 1.167.300.000 euros, a la que deberán hacer frente de manera solidaria en plazo de un día, y mantiene las medidas cautelares que ya dictó para cada uno de ellos, entre ellas la prisión preventiva para Díaz Ferrán, De Cabo y su «mano derecha», Iván Losada.

Entre ellas, la prisión preventiva para Díaz Ferrán, De Cabo y su «mano derecha», Iván Losada, que se encuentran en la cárcel desde diciembre de 2012 bajo fianza de 5 millones el primero y 3 millones los otros dos.

La resolución reproduce los escritos de las acusaciones, entre ellas el del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, que pedían además 8 años y 9 meses para el hijo del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Santamaría; otros 8 años para Ángel de Cabo y 4 años y 3 meses para Losada.

Mientras, las otras 13 acusaciones reclaman penas para Díaz Ferrán y De Cabo que oscilan entre los 3 años que solicita Aerolíneas Argentinas y los 31 años y tres meses que pide la administración concursal del exdueño de Marsans y la de la herencia yacente del socio, ya fallecido, de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual.

Según relataba el fiscal, a partir del año 2009 Díaz Ferrán y su socio comenzaron a acumular deudas «que comprometían gravemente la viabilidad» de las compañías del grupo Marsans, lo que ocasionó que acreedores como Pullmantur, Sol Meliá, AC Hoteles, Hoteles Turísticos Unidos o Iberojet empezaran a exigir garantías adicionales de cobro a partir del año 2009.

Díaz Ferrán y Pascual avalaron con su propio patrimonio las deudas y emitieron pagarés que no fueron sufragados, lo que derivó en reclamaciones judiciales que acabaron con las declaraciones del concurso de acreedores de la compañía y de los empresarios.

La «lamentable situación patrimonial» que afectaba a la compañía y al patrimonio personal de ambos amenazaba su «altísimo nivel de vida, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados a la mayor parte de los bienes, mediante el sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial» en perjuicio de sus acreedores.

En abril de 2010 contactaron con De Cabo para que éste ocultara su patrimonio, tanto personal como empresarial, mediante una cesión gratuita del mismo a cambio de que, una vez realizado el ocultamiento, recibieran 8 millones en plazos mensuales de 100.000 euros, lo que les permitiría vivir «con la misma o parecida opulencia».

Para vaciar el grupo, De Cabo puso a miembros de la empresa en nómina, adquirió vehículos de alta gama propiedad de estas sociedades, dispuso de los inmuebles o sacó dinero de la tesorería por servicios que nunca se prestaron.

Creó así un conglomerado societario para realizar las actividades antes descritas y mediante las cuales realizó en los años siguientes operaciones con sociedades del grupo Marsans destinadas a «frustrar la recuperación de los bienes» de los acreedores.

El vaciamiento patrimonial de Marsans es solo uno de los numerosos frentes judiciales que tiene el que fuera presidente de los empresarios españoles, ya que el pasado 24 de abril, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz La investigación de Pedraz dio el primer paso para juzgarle junto a Losada por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans.

Además, el pasado junio, un juzgado de lo mercantil de Madrid condenó a Díaz Ferrán y a los herederos de su socio a cubrir en su integridad el agujero patrimonial de Viajes Marsans, que ascendía a 552 millones de euros.

Por último, otro magistrado de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, le condenó el pasado mes de diciembre a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del impuesto de sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.