El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve compatible la prisión permanente revisable con el objetivo resocializador de las penas de prisión que establece el artículo 25.2 de la Constitución, según el texto del informe sobre la reforma penal aprobado por una amplia mayoría del Pleno reunido ayer con carácter extraordinario. Se mantienen no obstante dudas sobre la constitucionalidad de la norma en lo que afecta al principio de legalidad.
El órgano de gobierno de los jueces matizó de esta forma el informe muy crítico con la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón elaborado por la vocal Margarita Robles que ya recibió la semana el visto bueno de la Comisión de Estudios del órgano. También por amplia mayoría (16 votos frente a 5), el Consejo ve problemas de encaje en la Constitución de la prisión permanente revisable.
El bloque del informe referido a ambas medidas de seguridad recibió el apoyo de una amplia mayoría del Pleno tras un debate "intenso y muy rico", según explicó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, al término de la reunión. Sólo 6 de los consejeros apoyaron que la prisión permanente afecte gravemente al derecho de los presos a la reinserción, mientras que otros 15 encontraron compatible esta medida con las previsiones de reinserción de los reos.
Para la mayoría, si bien la medida de prisión permanente tiene problemas de constitucionalidad, éstos sólo se refieren a los establecidos en el artículo 25.1 que señala que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Se trata por lo tanto de un problema de legalidad subsanable con su inclusión en el Catálogo General de Penas.
Sobre esta cuestión, Bravo explicó que la no inclusión de la pena de prisión permanente revisable en el citado Catálogo y su "falta de definición" puede entrar en contradicción con el citado artículo 25.1. de la Carta Magna. El Consejo considera que la "técnica empleada" por el legislador "oculta que nos encontramos ante una auténtica pena de prisión a perpetuidad" que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esta afirmación cuenta con el voto en contra de tres vocales, que avalan la constitucionalidad de esta técnica legislativa.
En cuanto a la custodia de seguridad, 16 de los miembros del CGPJ considera "la medida más onerosa a imponer a un penado", porque prevé ampliar la privación de libertad en un centro penitenciario una vez cumplida la pena impuesta por los tribunales. Aquí también se vulneran los principios de legalidad y proporcionalidad de las penas, según explicó Bravo. Además, la relación de delitos a los que se puede aplicar esta custodia de seguridad, según adviertió el CGPJ, puede motivar la existencia de "arbitrariedades". Un sector minoritario del Pleno no encontró problemas de constitucionalidad de la medida.
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