Los obispos españoles renuevan su "inquietud" ante propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de España y llaman al civismo ante los recortes del Gobierno, en la Declaración de la CCXXV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española 'Ante la crisis solidaridad', en la que recuerdan otro documento titulado 'Orientaciones morales sobre la situación actual de España' redactado en su LXXXVIII Asamblea Plenaria, en 2006.
"Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse, tal y como es hoy, si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y política de esa antigua nación que es España. Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud", apuntan citando el texto de 2006 sobre nacionalismos que, a su juicio, "hoy, en la delicada situación de crisis que afecta a todos, se presenta con particular urgencia".
Así, renuevan la llamada a la "responsabilidad" respecto del bien común de España, que realizaron en esa declaración en la que reconocían, en principio, la legitimidad de las posturas nacionalistas verdaderamente cuidadosas del bien común y exhortaban "encarecidamente al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales". "Se debe preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España", añadían.
Además, en el documento presentado este jueves sobre la crisis, los obispos muestran su "honda preocupación" por quienes más sufren las consecuencias -"las familias, en especial, las numerosas, los jóvenes, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y ganaderos, las gentes del mar, los trabajadores y los inmigrantes, entre otros"- y piden al Gobierno que los recortes no recaigan sobre los más débiles, "con especial atención a los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas".
Asimismo, piden "a quien corresponda" que se dé "un signo de esperanza a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son desahuciadas". "Es urgente encontrar soluciones que permitan a esas familias, igual que se ha hecho con otras instituciones sociales, hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. No es justo que, en una situación como la presente, resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer de una vivienda", remarcan.
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