El 90 por ciento de los afectados por desahucio no pueden acogerse a la dación en pago contemplada en el código de buenas prácticas del decreto ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, según ha señalado la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau.
Durante la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, Colau ha matizado que los requerimientos de esta propuesta obstaculizan a muchas de las familias afectadas, mientras que aquellos que pueden acogerse suelen optar por la refinanciación que les proponen las entidades financieras.
En concreto, esta dación en pago se permite a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad. Además, el código contempla otros requisitos como la ausencia de avalistas, algo muy poco común en los casos de los afectados, motivos por los que Colau ha considerado que esta ILP está "más cargada de razones que nunca".
Para la portavoz de la PAH, no aprobar una dación en pago retroactiva acarrea muchísimos costes, dado que se expulsan a unas 500.000 familias del sistema que optarán por la economía sumergida y harán gasto de los servicios sociales.
Por su parte, la portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), Gema Gallardo, ha destacado que entre 2007 y un 2011 se produjeron casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana las regiones con mayor número de procesos.
Asimismo, Colau ha puntualizado que el colectivo inmigrante representa a cerca del 35% de los afectados, a la vez que ha criticado que en su día se les considerara ciudadanos de pleno derecho para firmar hipotecas y no para participar en la vida política del país, puesto que no pueden firmar en esta ILP.No obstante, ha matizado que en las mesas que recogerán las firmas por toda España existirán pliegos no oficiales para que este colectivo también pueda mostrar su apoyo, que también estarán accesibles a través de la página web 'quenotehipotequenlavida.org'.
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