El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer una profunda reforma de la Justicia que incluye el pago de tasas para recurrir, la reforma de la Ley del Menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves y la posible instauración de la prisión permanente revisable.
El anuncio estrella del ministro, sin embargo, fue la reforma de la Ley del Aborto, para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores que quieran interrumpir su embarazo; mientras que los grupos de la oposición centraron sus intervenciones en algo avanzado el martes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: el cambio del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial.
Ruiz-Gallardón enmarcó la creación de una nueva tasa judicial -que supondrá que las partes paguen los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad depositada les será reintegrada si su demanda prospera- en el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad.
El ministro, que negó que la iniciativa suponga introducir el copago en la Justicia, recordando que ya en 2009 se aprobó el depósito previo para recursos aprobado, precisó que la nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal ni a "quienes carezcan de recursos para litigar" y que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Administración de Justicia.
Además, el Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos, por lo que no supondrá "merma alguna" de sus derechos.
Gallardón anunció también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.
Ante las críticas de la oposición, el ministro aseguró que esta pena es "incompatible" y "contradictoria" con la cadena perpetua y que su constitucionalidad está garantizada por su carácter revisable.
Con el objetivo de regenerar las instituciones y contribuir a despolitizar el Poder Judicial, Gallardón confirmó que -como proponía el PP en su programa electoral- se reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de forma que los doce de extracción judicial serán designados directamente por sus compañeros.
Respecto a los otros ocho vocales, que según la Constitución deben ser juristas de reconocido prestigio, el ministro propuso poner fin al sistema de cuotas partidistas y que las Cortes hagan una elección consensuada, deseo que hizo extensivo a la designación por el Congreso de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pendiente desde noviembre de 2010.
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