EfeMadrid26/01/12 0:00
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Los máximos dirigentes sindicales y empresariales del país han reclamaron ayer una oportunidad para el diálogo social, porque consideran que para preservar el empleo son más útiles los cambios consensuados por los agentes sociales que las reformas legales impuestas por el Gobierno. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez , señaló más tarde que el Ejecutivo tendrá en cuenta los acuerdos alcanzados por la patronal y los sindicatos "en materia de flexibilidad y negociación colectiva" para la reforma laboral en la que sigue trabajando y que se presentará en próximas fechas.

Durante la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, los agentes sociales destacaron el ejercicio de responsabilidad que han hecho ambas partes para cerrar un pacto que creen necesario ante una situación económica muy difícil, aunque reconocen que supondrá un sacrificio más.

Ambas partes coincidieron en que todos han renunciado a algo durante la negociación, pero que las extraordinarias circunstancias económicas así lo requerían.

El documento fue suscrito por los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, y por los presidentes de la CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente.

Los sindicatos confían en que el pacto sobre salarios y convenios evite una reforma laboral que ven innecesaria, si bien el Gobierno mantiene su intención de sacarla adelante en las próximas semanas.

No obstante, los agentes sociales reconocieron que no se han visto presionados por el Ejecutivo en ningún momento, según ha explicado Méndez.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, manifestó ayer que la moderación salarial es un buen punto de partida, pero inistió en que una reforma laboral que simplifique los tipos de contratos y permita reducir la temporalidad es clave para generar confianza.

El acuerdo entre patronal y sindicatos firmado ayer marca las directrices en materia salarial para los próximos tres años, de forma que el crecimiento de las rentas se mantenga por debajo de la inflación, lo que acarreará una pérdida de poder adquisitivo para los asalariados, pero permitirá aumentar la competitividad de la economía y controlar mejor los precios.