La Unión Europea (UE) ha dado el paso definitivo para limitar a partir de enero las primas a los banqueros, pero sigue sin lograr un acuerdo entre la Eurocámara y los gobiernos para poner en marcha un nuevo y más estricto sistema comunitario de supervisión financiera.
El pleno del Parlamento Europeo (PE) se ha pronunciado con un gran consenso entre las fuerzas sobre los dos expedientes, que forman parte de la respuesta europea a la crisis financiera.
En el primer caso, una abrumadora mayoría de los diputados ha apoyado el acuerdo negociado con los Estados miembros para poner límite a las bonificaciones que reciben los banqueros, que se aplicará a partir de enero.
Desde entonces, sólo un 30 por ciento de las primas a los ejecutivos podrán pagarse en efectivo -un 20 por ciento en el caso de las más grandes- y al menos la mitad de esos fondos tendrán que abonarse como capital contingente, es decir, dinero al que pueda recurrir la entidad en caso de dificultades Además, el pago de entre el 40 y el 60 por ciento de las primas se deberá aplazar al menos tres años y el banco podrá recuperarlas en caso de que las inversiones no tengan los resultados esperados.
Las nuevas normas introducirán limitaciones específicas para los bancos rescatados con fondos públicos y establecerán que el reembolso de las ayudas tendrá que ser la prioridad.
Para la Eurocámara, las nuevas normas pondrán fin a una "cultura de primas de alto riesgo" que "daña la economía" y termina por hacer que sean los contribuyentes los que paguen por los problemas de las entidades. "Ya que los bancos no han conseguido introducir reformas, somos nosotros los que hacemos el trabajo por ellos", ha señalado la ponente del informe en el PE, Arlene McCarthy.
La nueva normativa incluye también un refuerzo de los requisitos de capital para los bancos, con los que la UE quiere garantizar que las entidades cuenten con liquidez para hacer frente a eventuales crisis. En contraste con el acuerdo sobre la remuneración de los banqueros, la UE sigue enzarzada en discusiones en torno al nuevo sistema de supervisión financiera que pretenden tener en funcionamiento a partir del 1 de enero.
El PE ha hecho una demostración de fuerza y aprobó con amplísimas mayorías sus enmiendas a la propuesta de los Estados miembros, dejando claro que no está dispuesto a aceptar una vigilancia poco estricta o fraccionada a escala nacional.
El mensaje de los diputados es de firmeza, pero a la vez de voluntad negociadora, pues han decidido no completar la votación de la primera lectura del expediente para dar tiempo a continuar el diálogo con los gobiernos y tratar de obtener un acuerdo que pueda ser ratificado en septiembre.
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