«Fuimos informados por las instituciones, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y la Junta Única de Resolución (JUR), de la resolución exitosa del Banco Popular la semana pasada en línea con el nuevo marco de resolución», dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en la rueda de prensa posterior al consejo.
El también ministro de Finanzas en funciones holandés subrayó que el Mecanismo Único de Resolución, que empezó a funcionar en 2016 y es uno de los pilares de la Unión Bancaria puesta en marcha tras la crisis, funcionó «muy bien» y permitió garantizar la estabilidad y proteger los depósitos de los clientes de la entidad española.
El 8 de junio el Banco Santander compró por un euro el Banco Popular después de que el Banco Central Europeo constatase que era inviable por falta de liquidez y la Junta Única de Resolución ordenase intervenirlo, una operación comandada desde Bruselas en coordinación con Madrid que se consumó en una noche.
Dijsselbloem destacó que las autoridades actuaron «de forma muy rápida» y garantizaron que Popular mantuviese sus funciones esenciales sin coste alguno para el contribuyente, objetivo último de la nueva estructura de supervisión y reestructuración bancaria europea.
El holandés rehusó, sin embargo, pronunciarse sobre la actuación de los supervisores, encargados de vigilar los niveles de liquidez de la entidad, y se limitó a señalar que en las últimas pruebas de estrés realizadas en 2016 la entidad «fue una de las más débiles».
El Popular, no obstante, superó estas pruebas que miden la resistencia de los bancos en escenarios difíciles.
Más allá de la banca, Grecia fue el plato fuerte en la agenda de los ministros, llamados a poner fin a ocho meses de negociaciones infructuosas para cerrar la segunda revisión del programa heleno y aprobar un nuevo desembolso de fondos antes de julio, cuando Atenas afronta pagos por valor de 7.400 millones de euros.
Atenas, sus acreedores europeos -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Mecanismo Europeo de Estabilidad- y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo para conceder un nuevo tramo de ayuda de 8.500 millones de euros al país, de los que 7.700 millones se abonarán en julio y los restantes 800 millones después del verano.
El pacto ha sido posible tras constatar que Grecia ha cumplido con las medidas exigidas y porque los europeos han accedido a la petición del FMI de precisar las medidas de alivio de deuda a medio plazo que prevén conceder al país al término de su rescate, a mediados de 2018.
En concreto, el Eurogrupo está dispuesto a extender los vencimientos medios de los préstamos a Grecia y a alargar la prórroga en el pago de los intereses hasta en 15 años, así como a implementar un programa que vincule el ritmo de la devolución de los préstamos al crecimiento del país.
El compromiso ha sido suficiente para que el FMI dé su acuerdo «en principio» para participar financieramente en el rescate, con hasta 2.000 millones de dólares, pero la entidad multilateral condiciona su entrada efectiva a que los europeos clarifiquen aún más y «pronto» cómo prevén reducir la carga de deuda de Atenas.
«Ha habido progresos claros pero el FMI considera que hay que hacer más y que claramente los socios necesitan más tiempo para identificar las medidas de deuda», dijo la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde.
Explicó que quieren conocer el alcance total que tendría una futura reestructuración para evaluar si la deuda griega será sostenible en las próximas décadas, algo que ahora no ven plausible.
«Nadie piensa que esta sea la mejor solución (...) pero ha evitado una crisis financiera y muestra el apoyo a las reformas griegas», dijo Lagarde.
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