Hace ahora una semana un demandante de asilo afgano de 17 de años fue detenido por la Policía finlandesa en la localidad de Kempele (al oeste del país), acusado de abusos sexuales a una niña de 14 años.
Casualmente se trata del mismo municipio donde tiene su residencia el primer ministro finlandés, el liberal Juha Sipilä, quien en septiembre pasado ofreció su propia casa para albergar a varias familias de refugiados ante la escasez de centros de acogida.
La noticia de la presunta violación provocó la ira y la crispación de parte de los 17.000 habitantes del municipio, que el viernes convocaron una manifestación de protesta a la que asistieron cerca de 200 personas bajo el lema «Finlandia para los finlandeses».
El centro de acogida de Kempele, que da refugio a varias decenas de solicitantes de asilo menores de edad, fue desalojado de forma preventiva y sus inquilinos reubicados en otras localidades.
Según la Policía, alrededor de una docena de manifestantes arrojó piedras y artefactos pirotécnicos contra las instalaciones del centro, antes de ser desalojados por las fuerzas del orden.
Esa misma semana, los medios de comunicación informaron sobre la detención de otro solicitante de asilo afgano de 19 años en Raisio (al suroeste de Finlandia), por la presunta violación de otra niña de 14 años.
Ante la presión mediática, la Policía rompió su silencio y admitió que está investigando actualmente una decena de casos de abusos sexuales perpetrados por refugiados en diferentes partes del país en los últimos meses.
Este cúmulo de noticias ha despertado un movimiento de rechazo en la sociedad finlandesa que se ha traducido en protestas y en un encendido debate, en muchos casos con tintes xenófobos, en las redes sociales.
Para intentar rebajar la tensión, los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria -incluido el ultraderechista Verdaderos Finlandeses- publicaron este domingo una carta abierta en el «Helsingin Sanomat», el principal diario del país, en la que pedían calma a los ciudadanos.
«Es importante que no se estigmatice o se culpe a grupos enteros de personas por el hecho de que algunos individuos hayan cometido delitos graves, deplorables y totalmente condenables», afirmaban los líderes políticos en la carta.
«Los finlandeses somos un pueblo moderado y razonable. Siempre hemos respetado la ley y la justicia, de manera igualitaria para todos. Sigamos haciéndolo», añadía la misiva.
En lo que va de año, han llegado a Finlandia cerca de 30.000 solicitantes de asilo, diez veces más que en todo 2014, lo que lo sitúa entre los países de Europa con mayor número de refugiados en relación a su población.
Actualmente existen más de 120 centros de acogida repartidos por toda Finlandia, de los que cerca de un centenar han sido abiertos en los últimos meses para hacer frente a la crisis de los refugiados.
Recientemente, la Policía finlandesa advirtió de un preocupante aumento de episodios violentos en los municipios que acogen estos centros, protagonizados tanto por individuos con motivaciones racistas como por refugiados.
Como medida preventiva, el ministerio del Interior ha decidido cerrar todos los centros de acogida donde no sea posible garantizar la seguridad, en especial aquellos ubicados en localidades alejadas de las estaciones de policía.
Las autoridades finlandesas investigan alrededor de mil casos de violación al año, aunque, según los expertos, las víctimas sólo denuncian una pequeña parte de todos los abusos sexuales que se producen.
Cerca de la cuarta parte de las violaciones que se denuncian son cometidas por ciudadanos de origen extranjero, una estadística que contribuye a alimentar la xenofobia.
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