El fiscal superior encargado del caso y jefe de la Unidad Anticorrupción, Gunnar Stetler, explicó que la princesa puede tener prácticas corruptas sin que la Justicia pueda llegar a procesarla por ello debido a la legislación al respecto en Suecia.
Esta establece que pueden ser perseguidos por casos de corrupción todos los trabajadores y empleados en el servicio público, pero no la princesa o los miembros de la familia real, ya que estos han heredado su cargo y no pueden ser considerados funcionarios o empleados públicos.
Varios ciudadanos habían presentado distintas denuncias contra la princesa Victoria y su marido Daniel por viajar a Tahiti tras su boda en el avión privado del empresario Bertil Hutl, quien además puso a su disposición su lujoso yate en la paradisíaca isla del Pacífico.
El viaje de novios continuó en la mansión del empresario en el estado norteamericano de Colorado, lo que, según las denuncias, suponía una violación flagrante de la legislación sueca sobre corrupción.
Stetler comentó a la prensa que resulta contradictorio que pueda ser procesado por corrupción el primer ministro de Suecia, pero no los miembros de la familia real, aun cuando cometiesen el mismo delito.
Tras comentar que también se ha suspendido la investigación contra el empresario que financió el viaje de novios de la pareja real, el fiscal expresó su deseo de que la ley sea modificada para que no haya excepción alguna en la persecución de los delitos de corrupción.
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