La gestión administrativa en España supone uno de los mayores lastres de gestión eficaz y eficiente con que se enfrenta el país. Y es que la hipertrofia de los procesos burocráticos, derivada de una sobreabundancia de normas legales que afectan a todos los niveles de gobierno, desde la administración central hasta la autonómica y local, sin olvidar el impacto de las normativas europeas, constituye un auténtico caos para el buen funcionamiento de las administraciones públicas que tiene repercusiones directas en la vida de los ciudadanos, las empresas y el tejido económico del país.
No olvidemos que España cuenta con una de las legislaciones más prolijas del mundo. Desde la transición democrática, se han aprobado miles de leyes, decretos y reglamentos en todos los niveles administrativos. A esto se suma el hecho de que España es miembro de la Unión Europea, lo cual está bien. Ello implica la transposición de directivas comunitarias y la aplicación directa de sus reglamentos, con lo cual en muchos casos estas normativas se solapan, generan contradicciones o simplemente multiplican los requisitos burocráticos.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nos recuerda que: España tiene más de 150.000 normas vigentes entre leyes, reales decretos, ordenanzas autonómicas y municipales. Solo en el ámbito estatal, el BOE publica alrededor de 1.000 normas anuales, mientras que en las comunidades autónomas se multiplican los textos normativos, con infinidad de disparidades ente comunidades que dificultan la armonización legal.
Por su parte, el informe del Banco Mundial situó a España en 2023 en el puesto 30 de su índice de facilidad para hacer negocios, con una especial penalización en los apartados relacionados con la obtención de permisos de construcción, la apertura de empresas y el cumplimiento de contratos. Este resultado refleja cómo la maraña normativa se traduce en barreras para el desarrollo económico.
Hay que decir que el nivel central de gobierno no es inmune a este problema. Desde 1978, la proliferación de leyes orgánicas y ordinarias, así como de reales decretos, ha generado un marco legislativo complejo y en muchos casos redundantes, lo que hace que la ausencia de mecanismos efectivos de revisión y derogación de normas obsoletas brillen por su ausencia.
Portada de la reedición del libro de Mariano José de Larra «Vuelva usted Mañana». Foto ‘EL PAIS’
SI bien el sistema autonómico ha llevado a una descentralización que ha permitido adaptarse a las especificidades territoriales, también ha generado un problema de fragmentación normativa. Esto se ve de forma clara en el campo del urbanismo y la ordenación del territorio, competencias estas propias y exclusivas de las comunidades autónomas, dando lugar a una diversidad de leyes urbanísticas que complican la actividad de promotores y constructores que operan en más de una región. Así, un informe del Consejo General de Economistas destacó que, en 2022, los plazos para la obtención de licencias de obras variaban entre los 3 y los 24 meses según la comunidad autónoma, un retraso que frena inversiones y proyectos. Personalmente, conozco casos en que se ha tardado más de cinco años en obtener una licencia de construcción o simplemente para la aprobación de un Estudio de Detalle.
Si nos referimos al ámbito municipal, la situación no es mejor. Cada ayuntamiento puede aprobar sus propias ordenanzas, muchas veces sin tener en cuenta la coordinación con las normativas autonómicas y estatales. Esto genera un mosaico regulatorio que afecta negativamente a actividades económicas como la hostelería, el comercio y el turismo, por no hablar de la construcción. En Balears sobran ejemplos de ellos.
Por último, como miembro de la Unión Europea, España debe cumplir con las directivas y reglamentos europeos, que a menudo implican la adopción de nuevas normativas. Si bien estas normativas tienen como objetivo armonizar el funcionamiento del mercado único, en muchos casos su transposición al derecho español se realiza de manera excesiva, añadiendo requisitos adicionales que no se exigen en otros países de la UE.
Un ejemplo paradigmático lo tenemos en la Ley de Contratos del Sector Público, que transpone varias directivas europeas sobre contratación pública. La complejidad de su aplicación genera retrasos y dificultades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Como conclusión decir que la hipertrofia administrativa que sufre España tiene consecuencias tangibles; para los ciudadanos, ya que implica procesos más lentos y complejos a la hora de realizar trámites administrativos, sean estos sencillos o complejos; lo estamos viendo en las tramitaciones de ayudas, sean estatales o de la Comunidad Autónoma Valenciana, para mitigar los efectos de la DANA; también a nivel empresarial, donde el exceso de burocracia supone costes adicionales, retrasos en la puesta en marcha de proyectos y por su puesto una menor competitividad frente a otros países.
En definitiva, la hipertrofia de los procesos administrativos en España (estatal, regional y local), no es solo un problema de burocracia, sino un obstáculo estructural para el desarrollo del país. La solución para afrontar dicho problema debe implicar un esfuerzo conjunto en todos los niveles de la administración; contando siempre con la participación activa de la sociedad civil y el sector privado. Termino con una recomendación: vale la pena releer el libro de Mariano José de Larra «Vuelva usted mañana».
Nota: Por cierto, he comprobado el impacto de la página del editor, mi amigo Pons Fraga, con su semanal ‘Pont i Cova’ al tener casi bloqueado el teléfono de llamadas. Frente a ello quiero agradecer el trato que me dispensa Pons Fraga en su valoración hacia mi persona. No obstante, y para tranquilidad de las mentes calenturientas, quiero manifestar que no he recibido oferta alguna para encabezar una posible candidatura de Vox. Sí la recibí, en su momento, de Joan Mesquida de Ciudadanos. En caso de que se produjera, agradecería la oferta pero mi respuesta sería de no aceptación pues soy hombre de una sola religión y una sola parroquia con independencia del Papa igual que soy de un único partido desde hace 43 años y fiel a sus principios fundacionales con independencia de quien sea el líder. Por otra parte, nunca he sido un profesional de la política siempre he tomado mi trabajo como vocación tanto la de maestro como la de político y ya hace trece años que la dejé de forma activa y remunerada incorporándome como profesor de la Escuela de Adultos des Camp Redó en Palma de Mallorca.
