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El FMI acaba de subir las previsiones de crecimiento económico para España. Al tiempo, el organismo rebaja los cálculos para el resto de Europa. Es decir, la economía española reafirma su fortaleza en el espacio europeo, y consagra una trayectoria solvente en los últimos años, según el Fondo. No es la única institución que predica en esa línea. JP Morgan señala la conveniencia de invertir en España «por sus fuertes fundamentos económicos»; de hecho, la entidad recomienda comprar bonos de España y vender los de Alemania, a tenor además del cierre recesivo de la economía germánica en 2024: segundo año consecutivo de caída. El déficit público español ha pasado de un –7,7 % sobre PIB en 2020 a una previsión de superávit del +0,3 % en 2025, lo que demuestra la gestión de las cuentas públicas adecuadas a las previsiones de ingresos. Los datos de empleo no van a la zaga: medio millón de nuevos puestos de trabajo en 2024 (más de 430 mil corresponden a los servicios, con importancia gradual de los no turísticos), una cifra que revela que ampliar derechos a los trabajadores no ralentiza la creación y, también, la calidad del empleo. La síntesis: 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social; 2,56 millones de personas sin empleo, una cifra que, siendo relevante, constituye la más baja en los últimos 17 años.

Todas estas variables, que proceden de fuentes públicas y que se corroboran a su vez con aportaciones realizadas desde el ámbito privado –Funcas, BBVA, CaixaBank, entre otras–, conducen a una conclusión elemental: no hay cataclismo alguno, apocalipsis en ciernes, ni hundimiento acechante, para la economía española. Esto contrasta con las soflamas que emiten algunos economistas y partidos políticos de la derecha, que parecen perseguir la situación contraria que dibujan los números: la hecatombe. Es evidente que las magnitudes macroeconómicas no suponen la inexistencia de problemas y desafíos para la economía española: la vivienda, el desarrollo de los programas de inversión –que deben incentivarse con mayor énfasis–, el apuntalamiento de los pilares del Estado del bienestar, son tres vértices cruciales a considerar en la política económica.

Pero la falsa información económica, la tergiversación políticamente interesada de los datos y la orientación del debate político hacia derroteros que poco tienen que ver con las preocupaciones cotidianas de la población, suponen elementos que entierran una consolidación económica que es ampliamente reconocida por parte de las principales instituciones económicas del mundo. En tal contexto, sería interesante conocer propuestas alternativas realistas que permitieran un debate educado y riguroso sobre la política económica a implementar. Centrarse en ocurrencias mediáticas o tirar de manual –bajar los impuestos, sin que se aclare qué hacer con los gastos– no es suficiente para que la sociedad pueda vislumbrar qué se está proponiendo en materias de gasto público, salario mínimo, inversiones, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, etc. Este es el meollo de la cosa pública, no el permanente ruido que parece perseguir un objetivo fundamental: no hablar de economía.