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Una norma no escrita obliga al Govern a hacer algún anuncio relevante en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, y a la oposición a contraprogramar con el fin de opacar en lo posible la comunicación oficial. En esta ocasión, la presidenta Marga Prohens ha informado sobre una intervención económica en infraestructuras turísticas y acciones medioambientales por encima de los 1.100 millones de euros, que procederían del impuesto turístico y de fondos europeos. El partido de Sánchez en Balears (antes PSOE), por su parte, ha dado a conocer su salida del Pacto por la Sostenibilidad Turística cuyo objetivo es la elaboración de propuestas para contener el crecimiento turístico. Una docena de mesas sectoriales integradas por un amplio abanico de entidades y organizaciones de todo tipo, sectores económicos, partidos políticos, administraciones locales e insulares, son las que han de concretar qué hacer para «conjugar el éxito turístico con el bienestar de residentes y visitantes», en palabras de la presidenta al reseñar la millonaria inversión.

La iniciativa de convocar tan amplia representación se produjo en el momento álgido del malestar causado por la saturación turística que si bien había sido minusvalorado tanto por el PP como por el anterior Govern de Francina Armengol, es solo una sensación decía el entonces conseller de turismo, Iago Negueruela, la presidenta Prohens habló por vez primera de poner freno al crecimiento turístico y se puso en marcha la maquinaria política y administrativa que ha de producir las primeros propuestas este próximo mes de febrero, según el calendario del Govern. Sin embargo, persisten las dudas sobre los procedimientos: el número excesivo de participantes en cada una de las mesas, en muchos casos con intereses contrapuestos, supone una dificultad evidente. De hecho, empresarios nada sospechosos de ser hostiles al Govern se muestran críticos con el funcionamiento de las mesas del pacto, dándose incluso el caso de haber firmado alguno un escrito manifestando sentirse engañado. Algún alto cargo de la administración Prohens no se ha privado de comentar, en petit comité, que el barullo enmascara un proyecto valiente.

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Apenas seis meses después de la constitución del pacto lo abandonaban algunos de los grupos más próximos a la izquierda como el GOB y el Foro de la Sociedad Civil, que agrupa a organizaciones como los sindicatos, la Obra Cultural Balear, la Federación de Asociaciones de Vecinos, entre otras entidades. Mucho ha tardado el sanchismo regional en levantarse de la silla, por considerar el Pacto como una «maniobra de distracción» que solo ha servido para «maquillar la falta de propuestas». Más o menos en la línea del foro, que añadía la exigencia de derogación de la ley de simplificación administrativa como condición para regresar a las reuniones del Pacto.

Después de tantos años de escuchar el mantra de la necesidad de otro modelo de desarrollo, los síntomas de congestión turística han provocado al menos la iniciativa de abrir el debate social sobre la tipología económica de Balears. Desde la política, a derecha e izquierda, también se ha repetido machaconamente que el turismo es una cuestión de Estado. Sería de idiotas malograr la oportunidad por querer echar un pulso.