Después del quinto incendio en la planta de residuos de Milà en el corto espacio de ocho años, el Consell abrió una investigación, solicitó un informe clarificador a la UTE concesionaria de la instalación y anunció la adopción de medidas para acabar con esta anormal sucesión de siniestros por fuego.
Ocurrió el pasado mes de julio, pero solo cinco meses después, este pasado domingo ardían otros 3.500 metros cuadrados de basura y material no reciclable en una de las celdas de la misma planta. A falta de lo que determinen los especialistas, se sugiere una vez más la fermentación que se genera bajo tierra y acaba en llamas debido al gas metanol, como causa más probable del origen del fuego.
Si tras el incendio de julio los sistemas de prevención e intervención inmediata ante este tipo de sucesos ya quedaron en entredicho, parece obvio que las medidas que se iban a aplicar para evitarlos no han sido suficientes o la UTE responsable no las ejecuta con eficacia. En este caso, incluso, el hecho de que una de las cámaras de vigilancia que recoge imágenes de la celda afectada estuviera estropeada cuestiona todavía más la seguridad que ofrece el Centro de Tratamiento de Residuos de Menorca para prevenir estos incidentes.
Como resultado, el Consell ha abierto otra investigación mientras aguarda los informes de los responsables de la planta y de los bomberos a los que sucederán quizás otras medidas que mejoren las existentes. Más de lo mismo.
Milà es un dolor de muelas permanente para los equipos de gobierno que pasan por la institución insular desde su construcción, como prueban los múltiples problemas suscitados en su funcionamiento. Desde el escándalo por el hallazgo de animales enterrados entre la basura, hasta los numerosos incendios, pasando por la inoperatividad del horno crematorio de mascotas, un camión que vuelca residuos sin reciclar o, para más escarnio, los cuatro contenciosos que tiene abiertos la UTE contra el Consell por diferencias económicas.
