Imaginemos al mejor cirujano vascular español, especialista en traumatología. Pongamos que nuestro doctor, en misión internacional con su equipo en pleno desierto, sufre una mala caída desde su camello y se lastima una pierna, y que, pese a los denodados esfuerzos y cuidados del personal de enfermería que le acompaña, al cabo de unos días su extremidad comienza a denotar todos los signos propios de una gangrena.
Resulta una obviedad que, en tan penoso trance, el cirujano reuniría fuerzas de flaqueza y, con el debido auxilio de sus ayudantes, optaría sin duda alguna por amputarse el miembro necrosado, tratando así de salvar la vida.
Ahora reproduzcamos esta misma historia, pero que, en lugar de un médico, nuestro protagonista sea un fiscal de la máxima cualificación, un profesional que conoce y domina todos los resortes procesales y materiales del derecho penal.
Partamos de la base de que la caída es, en este caso, la comisión de un delito, y que, pese a haber tratado de ocultarlo de todas las formas posibles con el inestimable auxilio de sus personas de confianza, el asunto comienza a desprender el mismo aroma de putrefacción que la pierna del doctor, siendo el fiscal investigado por un juez instructor. Supongamos que, para que dicha gangrena moral sea realmente lesiva para nuestro fiscal, resulte crucial una determinada prueba, concretamente, el registro de los mensajes de Whatsapp de su teléfono móvil intercambiados con sus cómplices. ¿Qué creen ustedes que va a hacer nuestro fiscal, al conocer su imputación por un grave delito, sabedor de que no tiene obligación de decir la verdad y de que las maniobras para destruir evidencias de crimen son penalmente irrelevantes en su caso? Blanco y en botella.
2 En este supuesto, no obstante, hay que tener en cuenta que la maniobra del fiscal solo será inocua para él, pero no para quienes le hayan ayudado a eliminar dichos mensajes, pues estos habrían incurrido en un delito de obstrucción a la justicia por destrucción de pruebas o incluso en encubrimiento.
Les animo a que traten de borrar sin dejar rastro y sin posibilidad de recuperación algún mensaje de Whatsapp. Siempre hallarán a un especialista informático capaz de recobrarlo. Cuando tal cosa no es posible -ni siquiera para la Guardia Civil- es porque ha intervenido un técnico del máximo nivel, y de esos hay pocos.
Las anteriores historias son plenamente creíbles. Lo que resultaría increíble sería que, al regresar a España, el Jefe de Servicio de nuestro cirujano amputado le felicitara públicamente por su total recuperación y le convocara a una partida de pádel, como si la pierna siguiera ahí.
Pues eso es exactamente lo que ha sucedido en el segundo caso. Hace falta un grado de perturbación mental fuera de lo común o un cuajo e inmoralidad sin precedentes para equiparar la destrucción de pruebas de un delito a la inocencia.
Pedro Sánchez traspasa día tras día los límites de la indecencia política, pero en este caso ha errado la estrategia. Ni la pierna del cirujano vuelve a crecer, ni el delito desaparece por borrar una de entre las muchas evidencias de su comisión. Eso sí, no hay peligro de que la gangrena ética del fiscal acabe con su vida, pero pone en peligro la supervivencia del Estado de Derecho.
