José Mª Pons Muñoz16/12/23 4:01
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Los que parece que solo servimos para ir a votar y para hacer la declaración de la Renta para cotizar, no salimos de nuestro asombro. ¿Cómo se «come» eso de que el Poder Judicial haya cumplido ya cinco años caducado? ¿Dejaría ese poder judicial que un Gobierno siguiera ostentando el «ordeno y mando» un lustro después de haber caducado su mandato? Desde la lógica de las cosas, cuando un organismo termina el mandato para el que fue elegido, debe de terminarse automáticamente su poder de ejercer y con él todas las prerrogativas que el cargo finiquitado suponen. Continuar en el cargo cinco años más después de haber terminado el tiempo para el que uno es elegido, no puede dejar en buen lugar a ningún organismo que así actúe, sean jueces o peones camineros. Dar la culpa al PP de esta singular anomalía democrática me parece una torpe excusa. Es como si con eso se justificara lo que no tiene justificación ninguna. Después de una experiencia democrática de 45 años parece un infantilismo lo que pasa con los jueces que el contribuyente ve como esa prerrogativa de hacer nada más y nada menos con la justicia «mangas y capirotes» a voluntad de unos privilegiados. Fíjense hasta donde ha llegado el agua: al estar en funciones no se puede nombrar magistrados del Tribunal Superior ni renovar cúpulas de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y las Audiencias Provinciales. La acumulación de vacantes es ya de Record Guines: 85 vacantes sin cubrir. Lo más escandaloso a mi modo de ver es que en el Supremo sean los letrados (leguleyos) quienes en ocasiones redactan sentencias que luego firman los magistrados. Llegar a esa situación debería estar contemplado como punible en nuestro ordenamiento jurídico, pero aquí parece que estar, no digo ya sujetos a la ley, digo simplemente sujetos al más elemental razonamiento, para algunos no figura en su ADN.

Miren ustedes, a mí este empecinamiento de seguir ostentando semejante cargo público un lustro después de haber finalizado el mandato para    el que fue elegido el CGPJ, y supongo que naturalmente cobrando porque no me consta que lo suyo sea una especie de ONG altruista, qué quieren que les diga, me recuerda al Cónclave de la catedral de Viterbo (1268) en que tardaron los cardenales 38 meses en elegir al nuevo Papa (Gregorio X), aunque los del poder judicial en cuanto al tiempo, han dejado al Cónclave de Viterbo en algo simplemente anecdótico.

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Cinco años ocupando el poder judicial estando caducado no puede tomarse como una mera anécdota ni tampoco un exagerado ejercicio de desidia. Tiene que haber algo más, algo que de alguna manera al humilde ciudadano le haga comprender tan anómala como absurda situación. Mientras tanto, la sala de lo social tiene 6.000 asuntos pendientes. Como si todo eso fuera poco, ahora resulta que una mayoría de jueces coincide en no ver una salida a semejante situación de la que hay que decir que está afectando ya a la gente normal y corriente.

En resumidas cuentas, lo pagamos los que de forma colateral solo parecemos servir para pagar. Si de acuerdo con la Constitución se nombraron o eligieron deberían de haberse ido a donde mejor les parezca    también de acuerdo con la Constitución. Lo suyo es una verdadera anomalía democrática. Estar calentando la misma «poltrona» después de llevar cinco años caducados, no es una cosa pequeña. Por cierto, en el inicio eran 20 vocales y un presidente; ahora son 16. Por lo que corresponde a los hechos, resulta que el artículo 567.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe expresamente que los vocales repitan en el cargo dos mandatos seguidos. Desde el punto de vista técnico- legal ninguno de los 16 miembros que quedan han sido nombrados dos veces, pero así, como a quien le da lo mismo que lo mismo le da, llevan 10 años en el puesto. Algún Magistrado del Tribunal Supremo ha puesto el acento en el «deterioro absoluto» del sistema. Si a eso le añadimos que «el espectáculo es bochornoso por insólito», comprenderán que a la ciudadanía le genere absoluta perplejidad.