Al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, le colocaron la cuota de Vox en una negociación suprainsular de la que fue ajeno y que, por tanto, no casaba con sus planes iniciales para armar el ejecutivo.
Ese fue el segundo revés prematuro que tuvo que asumir el jefe de la primera institución insular después de su triunfo incontestable en las urnas, como compensación al partido de Abascal por quedar fuera del equipo de Marga Prohens en el Govern.
El primero había sido la insólita dimisión de dos consellers electos después de la victoria electoral, Elvira Capó y Manu Morales, «por problemas personales y laborales», difíciles de comprender, apenas días después de las votaciones.
A finales de verano le cayó a Vilafranca una nueva crisis que resolvió con aplomo cesando a la directora insular de Proyectos Sostenibles y Cooperación, Marta Febrer, por marcarse una prueba piloto para visitas escolares en el Llatzeret y, de rondón, colar el cumpleaños de su hija.
Y en los últimos días, este ajetreado mandato en el que no sale de una y entra en otra, le ha traído otro golpe que erosiona su gobierno porque lo protagoniza una de sus componentes, la consellera de Vox, Maite de Medrano, decidida a decapitar a su director insular, Ricardo Gali, en medio de la guerra que vive su partido en Balears.Ha denunciado la consellera que el presidente le ha bloqueado ese cese por pérdida de confianza. Mal asunto.
Hace no mucho tiempo era el PP quien cuestionaba el pacto del Consell, por las desavenencias del PSOE con sus socios de gobierno, Més y Podemos, especialmente los ecosoberanistas que llegaron a amagar con dejar el ejecutivo.
En uno de esos desencuentros que fue la destitución de Francesca Gomis en Movilidad, la abogada criticó la inacción de sus directores insulares por su absentismo laboral, una denuncia que vuelve a sonar en el gobierno del PP en la cuota de Vox. Vilafranca no gana para contratiempos que no se ha buscado pero es él quien debe resolverlos.
