El frenesí legislativo se justifica a menudo porque hay que cubrir una necesidad social urgente. Hay que garantizar los derechos por ley. Opor decreto ley, que acorta el camino democrático con el mismo objetivo. Más de doscientas iniciativas en esta legislatura han salido de las cámaras o del Gobierno. Ya teníamos un porrón de derechos pero cada día aparecen otros nuevos, algunos para proteger a grupos minoritarios, lo que no desmerece la importancia de la legislación. La calidad social se mide por el trato que reciben las minorías.
Los políticos, cuando venden su gestión presumiendo de las leyes que han promovido, transmiten el relato de que la ley lo es todo. Que basta con la letra para resolver un problema.
Es la sensación que transmite el acuerdo para aprobar una importante ley de vivienda que limite los precios de alquiler en las zonas tensionadas, entre las que figurará Menorca. Incluso parece que ser zona tensionada, es decir zona con menos renta y problemas graves de acceso a la vivienda, es una buena noticia porque podremos beneficiarnos de lo que impone la ley.
Sin embargo, vemos que los beneficiosos efectos de una ley tan necesaria como esta no pasan del cielo a la tierra en poco tiempo. La gestión pública en vivienda, antes de ley, tenía un margen amplio de actuación, y sin embargo el efecto real de las iniciativas ha sido muy leve, salvo en la promoción pública de pisos. Ciutadella es el mejor ejemplo para mostrar lo peor del problema. El municipio con los precios más elevados no tiene una sola promoción de vivienda pública, las administraciones no han sido capaces de hacerse con algunos de los 40 pisos de la Sareb, y el Consell reservó una partida de un millón de euros para comprar terrenos privados en Ponent para poner en marcha una primera promoción del Ibavi y no se ha gastado ni un céntimo.
Para un viaje tan corto no hacen falta grandes alforjas. Bienvenida sea la ley, pero sin una mejor gestión la letra se quedará solo en espíritu.
