La presidenta del Govern apura el final del mandato desplegando acciones de inherente contenido propagandístico. Esta semana se ha traído a todo su ejecutivo para celebrar aquí el Consell de Govern, visitar las obras de un parque fotovoltaico que se ha pasado varios años esperando la licencia y entregar llaves de pisos de protección pública cuya construcción también ha durado toda la legislatura.
Sabe Francina Armengol mejor que ningún otro candidato que el gobierno regional que ha de renovar en cien días depende sobre todo de Menorca. Ni el poder decisorio que muchos analistas siguen atribuyendo al diputado de Formentera ni el rol bisagra que se otorga al Pi heredero de la corrupta Unió Mallorquina tienen tanto peso como la sobrerrepresentación de la reserva de biosfera. Si el resultado es tan ajustado como vaticinan algunas encuestas, el voto menorquín será el que decida la mayoría.
La discriminación que sufre Eivissa respecto a Menorca es mucho más que una anomalía derivada de la ley electoral del 86 y la reforma del Estatut de 2007. Ni en cuarenta años se ha corregido la dispar evolución poblacional que ambos territorios han seguido ni hay voluntad de hacerlo hasta al menos el próximo mandato.
Menorca elige ahora un diputado por cada 7.432 habitantes y Eivissa uno por cada 12.326 y el beneficio que obtiene con esa sobrerrepresentación es que con muchos menos votos decide mucho más, el poder regional. Una distribución mínimamente proporcional de los 25 diputados que suman ambas islas adjudicaría 15,1 a Eivissa y 9,8 a Menorca, es decir, con el obligado redondeo, 15 representantes pitiusos y 10 menorquines frente a los 12 y 13 respectivamente que se elegirán el 28 de mayo. Si los otros candidatos lo aprenden -seguro que ya lo saben-, nos abrasarán en las próximas semanas.
