El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció ayer que el Gobierno regulará el derecho de los periodistas a no revelar a sus fuentes porque la legislación en esa materia está obsoleta.
De inmediato la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) calificó de «buena noticia» esta iniciativa. Es una medida necesaria, porque aun cuando la Constitución ampara este derecho, al entrar en el ámbito judicial, por la interposición de querellas y demandas, queda al arbitrio, valoración e interpretación de los jueces, y entonces surgen discrepancias y diferencias.
En la mayoría de los casos, cuando los periodistas se han acogido, en sede judicial, al derecho a no revelar sus fuentes, ha sido respetado por los jueces, pero también ha habido sentencias en las que se ha cuestionado o inquirido para averiguar lo que está explícitamente protegido por la Constitución, lo que constituye la vulneración de la Carta Magna.
El presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, declaró que «los periodistas nos podamos acoger al secreto profesional y que no nos obliguen a revelar nuestras fuentes es algo por lo que siempre hemos luchado».
Ahora bien, la regulación que anuncia el ministro Bolaños debe ir en el sentido de clarificar y garantizar que se respete y aplique mejor este derecho, imprescindible para una eficaz práctica profesional y para evitar presiones. En Menorca también hemos vivido casos en los que, al publicar determinadas noticias, se ha puesto el foco en el origen o la fuente a la que ha tenido acceso el periodista.
Así ocurrió al informar sobre los vertidos cárnicos en Milà. Varios políticos, que ejercen cargo público, y también algunos medios, financiados con recursos públicos, intentaron desviar la atención sobre la autoría o procedencia de las fotografías que acreditaban malas prácticas e irregularidades. El derecho a no revelar las fuentes ha de estar definitivamente protegido.
