Apostados en el talud de la carretera, dos consellers menorquines y un senador mallorquín, el mismo que siendo miembro del Govern negó el proyecto terciario de la depuradora Mahón-Es Castell, reclaman que Madrid acabe de pagar lo que prometió para arreglar la carretera, 25 millones.
Parte de ese dinero serviría también para deshacer parte de la inversión realizada, acaban de reiterar que demolerán el puente de Rafal Rubí. Todos los informes técnicos encargados para dictaminar una solución que ofrece más fluidez y seguridad la avalan, pero los que aquí mandan, y la veintena de personas que el domingo comieron lentejas bajo el cemento la rechazan.
Otra parte del dinero que Madrid envió para la carretera lo fundió en gasto corriente, ya ni nos acordábamos, aquel gobierno que en la dura crisis presidía Marc Pons, hoy flamante subsecretario de estado. Los antecedentes anulan la reivindicación, que vuelve, es un clásico, en tiempo preelectoral.
Desde la posición de un partido que es oposición hasta cuando gobierna, sueltan mandobles a diestra y siniestra porque el culpable siempre es otro. Sin embargo, de los 14 años de vigencia del convenio, durante más de la mitad de ese periodo el responsable de carreteras ha sido Més per Menorca y la primera decisión de su consellera de Movilidad fue parar obras en marcha. La segunda, reasfaltar el tramo Ferreries-Ciutadella sin alterar el viejo diseño de carretera talayótica.
No parece un problema del dinero que Madrid no envía sino de la incapacidad demostrada por Menorca para gestionarlo e invertirlo en lo convenido.
El lunes a mediodía, mientras las voces nacionalistas hablaban de lo mal que Madrid nos quiere, una elevada intensidad de paso de vehículos lanzaba otro mensaje, la carretera se ha quedado pequeña incluso en noviembre. Y los conductores no eran turistas.
