Francesca Gomis salió a la palestra la semana pasada para cerrar el círculo de su tortuoso desalojo del gobierno insular, pretenciosamente adornado con medias verdades para camuflar lo que fue un cese sin paliativos, en toda regla.
La abogada, que no se arrugó nunca ante los taxistas durante su mandato a pesar del peso que tiene este colectivo, aunque tampoco consiguió resolver la precariedad del servicio, hizo algunas aseveraciones contundentes que no han tenido réplica en los que fueron sus dos directores insulares. Les acusó de dejarla sola ante el peligro, fundamentalmente, por su absentismo laboral.
No es el objeto de esta columna valorar si Gomis está o no en lo cierto, o si existían o no argumentos para ausentarse del trabajo un día sí y otro también si así sucedió, como sugiere la exconsellera. Si acaso no estaría de más que tamañas acusaciones fueran investigadas considerando que se trata de cargos públicos bien remunerados, o que los propios aludidos se explicaran.
Más allá de estas situaciones que pueden ser puntuales, sí es una realidad en muchas ocasiones la permisividad de la que disfrutan muchos trabajadores de la administración pública en sus ocupaciones.Comparado con la empresa privada se trataría de un abuso cuando, en muchos casos, es necesario justificar hasta una salida a una visita médica con tiempo limitado.
Durante la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, al amparo de las restricciones de asistencia a las oficinas para evitar las aglomeraciones que podían extender el contagio, hubo empleados que se pasaron gran parte del tiempo en sus casas, sin trabajar y sin que nadie les haya reclamado las horas no contabilizadas desde entonces.
¿Y qué decir de las jornadas perdidas que no cuentan en los días utilizados como asuntos propios, que tampoco se recuperan por salidas precisas relacionadas con motivos particulares que se prolongan hasta el final del horario laboral?
