La mayoría de izquierdas que apoya al Govern Armengol en el Parlament ha votado en contra de incluir, en los plenos extraordinarios de este verano, preguntas de control al Ejecutivo y propuestas de la oposición.
Esta decisión fue aprobada el 28 de junio en la Diputación Permanente –órgano decisorio de la Cámara cuando no hay sesiones ordinarias– en contra del criterio asumido sólo una semana antes por la Junta de Portavoces. Quienes invocan la transparencia y se comprometieron a que, esta legislatura, el Parlament fuera el centro del debate de la política de las Islas niegan, hurtan e impiden a los grupos de la oposición ejercer una de sus principales funciones: el control de la acción del Govern.
Porque esta institución autonómica, formada por 59 diputados -trece de ellos elegidos en Menorca- representa al pueblo de Balears, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuesos de la Comunidad Autónoma y controla la acción del Govern, según determina el primer artículo de su reglamento. Prohibir que se puedan formular preguntas e impedir que el PP pudiera defender su proposición de rebaja fiscal en los tributos cedidos por el Gobierno supone un atentado democrático y una vulneración del trabajo de la Cámara.
Y lo empeora el propio Govern cuando su portavoz, Pilar Costa, se remite a José Ramón Bauzá, instalado hoy en el Parlamento europeo, para justificar el veto a las preguntas de control y las iniciativas de la oposición.
Después de las elecciones andaluzas, con el Partido Popular de Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo que han ganado por mayoría absoluta, el Govern Armengol no puede entrar en pánico. La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern tenía una magnífica oportunidad para demostrar valentía y dar la cara, lo que desaprovechó.
