El Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y revisará los indultos aprobados por el Gobierno a los líderes independentistas catalanes. Primero dijo que los partidos que habían presentado recurso contra la decisión del Gobierno carecían de legitimación activa y ahora considera que sí y, de momento, escucharán motivos y contrastarán argumentos.
Los jueces tienen razones que el ciudadano no entiende. Si el criterio jurídico es su vara de medir, en qué ha cambiado en menos de un año. ¿Ha llegado la contaminación política que todo lo inunda también al alto tribunal? ¿Por qué ahora sí estima los recursos, algo que parece evidente, y no lo hizo antes? Cuentan que en el cambio de uno de los cinco miembros de la Sala, con una magistrada más conservadora, estriba el volantazo.
De entrada parece un incordio, llega cuando aquella medida de gracia -y, sobre todo, el presupuesto público- ha desactivado los alborotos que acompañan la pulsión nacionalista. Y cuando el presidente del Gobierno ha mimetizado ya su discurso con aquellos personajes que sacó del trullo llamando piolines a los policías nacionales que cumplieron órdenes del Ejecutivo en la defensa del orden constitucional.
El indulto aprobado en su día, que por cierto dejó por el camino al ministro de Justicia, otra de las incontables víctimas de Sánchez, ha traído normalidad a la calle, aunque la vida institucional sigue tanto o más alterada y donde cualquier excusa sirve para un nuevo desafío.
El Supremo, que se supone independiente, asume tarde el reto que no resolvió en su día, determinar si el indulto de Sánchez responde a una facultad discrecional o es una decisión arbitraria. Una delgada línea separa ambos conceptos y separa también la calle del trullo. La democracia se asienta en la ley y «el Estado no puede subsistir más que con leyes que obliguen a todo el mundo», decía Spinoza cuatro siglos atrás.
