Josep Bagur Torres13/02/22 3:59
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El decreto ley turístico, que entró en vigor el viernes, es una de las acciones de gobierno más importantes de Armengol. Hay una lectura mallorquina. La presidenta visitó hace unos días un hotel del Grupo Meliá, acompañada de su CEO, Gabriel Escarrer, y se hicieron la foto junto a una cama elevable, ahora de obligada incorporación. No era solo un aviso de que el decreto estaba a punto, sino una forma de expresar el acuerdo con la patronal hotelera, que aunque el decreto tiene muchos otros frentes, los hoteleros siguen siendo el grupo de presión más destacado. Ayer, aplaudían una inversión prevista de 102 millones de euros, de los que 15 son para esas camas, 45 para la eficiencia energética en establecimientos turísticos, 20 para digitalización y 22 para construir cuatro centros de formación, entre ellos la prometida escuela de hostelería de Ciutadella, que va saltando de un plan a otro.

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En Menorca, en los últimos años se ha llevado a cabo un desarrollo importante de hoteles de costa, después de mucho tiempo sin nuevas aperturas, y también se han construido agroturismos y hoteles de interior. Desde hace unos meses, estas iniciativas ya son escasas. Puede deducirse que la moratoria tendrá algún efecto, pero no será general. No deja de ser algo contradictorio que el Govern busque la calidad y no la cantidad y que se bloqueen también las plazas que representan un turismo de más nivel.

Quien parece que ha de pagar los platos que va a romper el decreto y futura ley serán las viviendas vacacionales y el alquiler turístico. Este sector no estaba representado en la reunión de la Mesa de Diálogo Social. Y representa, sin embargo, el mayor crecimiento de plazas de los últimos años. Quizás la norma lo devuelva a la i/alegalidad. Y solo podrá frenarse con un batallón de inspectores turísticos, que pongan multas a porrón, no solo a Varsavski, sino también a aquellos ciudadanos que no son empresarios turísticos pero que viven algo mejor gracias al alquiler turístico.