Entre el largo centenar de subvenciones en las que el Consell reparte este año 17 millones hay una de 7.500 euros para Tursiops, una entidad de referencia en cetáceos en las Islas, impulsora de grandes iniciativas de investigación, que lleva el nombre del delfín nariz de botella. No dudo de la excelencia de su trabajo científico en pos de la protección de la fauna marina y la conservación de la diversidad.
Otros 7.500 euros van a la Alianza Mar Blava, que más o menos se dedica a lo mismo con una dimensión más política, para el seguimiento de los proyectos de prospecciones petrolíferas que, ya nadie se acuerda, recibieron autorización del gobierno Zapatero, y, que se sepa, a estas alturas han caducado. No dudo tampoco de la sensibilidad menorquina con el mar y su hábitat y de su principal órgano institucional, campeón en apoyo a estas causas.
Otra cosa es la política de subvenciones, que permite al elegido de turno repartir con discrecionalidad el 15 por ciento del presupuesto público. Es cierto que algunas vienen pautadas y no admiten discusión, como las que reciben Caritas y Cruz Roja para programas alimentarios y apoyo a los desfavorecidos u otras dirigidas al tejido productivo, pero estas apenas suponen el 5 por ciento de ese bote. El resto responde exclusivamente a la voluntad del que maneja el presupuesto por más que, en el caso de las subvenciones no nominativas, las disfrace con convocatorias abiertas.
Los gobernantes que ocupan la plaza de la biosfera han cuadruplicado en regalos con dinero público el importe que se repartía así cinco años atrás. Obligan al contribuyente, el 95 por ciento de los cuales no ve un euro del reparto, a ver la realidad, estamos en el último año completo de un mandato pandémico y extraño y había que engrasar bien la repartidora.
