El primer director de la Oficina Anticorrupción de Balears, Jaime Far, se marcha. Lo hace en diferido, porque en julio anunció al presidente del Parlament, Vicenç Thomas y formalizará su salida el 31 de diciembre.
A partir del 1 de enero se reincorporará a la Agencia Tributaria, donde tiene plaza como inspector de finanzas. Su nuevo destino es la Unidad de Investigación y Blanqueo de Capitales. Far, que accedió en 2018 a la recién creada Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears , ha sido un personaje muy incómodo para el Govern Armengol, especialmente para el PSOE.
Los desencuentros políticos empezaron cuando Far abrió una investigación sobre los altos cargos del Govern y el Consell de Mallorca -estas indagaciones no se extendieron a Menorca, a pesar de que se habían registrado casos similares- que se habían inmunizado de forma irregular, el mismo día que las vacunas llegaron a Balears.
El malestar en el Consulat de Mar se agudizó cuando desde la Anticorrupció se investigó al economista menorquín Joan Rosselló, síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Balears, por haber auditado a la UIB habiendo sido profesor de la Universitat. La denuncia quedó archivada, pero ocasionó un agrio enfrentamiento entre los dos máximos organismos de control de la Comunidad Autónoma.
La batalla a cara de perro entre Far y Rosselló prosiguió cuando la Sindicatura inició una investigación contra el responsable de la Oficina Anticorrupción por unas presuntas deficiencias contables en la compra de los equipos adquiridos para poner en marcha el nuevo departamento. En este contexto, el PSIB-PSOE intentó reprobar a Far, pero desistió.
Far, ingenuo, se marcha y gana el sutil Rosselló, que ha sido renovado al frente de la Sindicatura de Comptes. Pero el inspector de Hacienda, que actuó al margen del poder político, no ha dicho aún su última palabra.
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