La práctica del trabajo a distancia ha pasado de recurso extraordinario derivado de la irrupción de la pandemia para limitar los desplazamientos y reducir el contacto social a una actividad cada vez más normalizada en todo tipo de empresas con personal administrativo. Se trata de aquellos empleados a quienes les basta utilizar dos herramientas básicas como son un teléfono y un ordenador con conexión a la red. En la época de la comunicación todos podemos llevar la oficina a cuestas.
El Real Decreto Ley aprobado por el gobierno el mes pasado ha venido a cerrar uno de los debates regulando el ejercicio del denominado teletrabajo. Y es que el ahorro de costes a la empresa en las facturas del consumo de electricidad, teléfono o el desgaste de sus equipos informáticos y mobiliario no puede repercutir en el trabajador, aunque a cambio este tenga más opciones para conciliar su vida familiar y laboral al trabajar desde casa.
El Consell insular así lo ha entendido y ha sido una de las primeras instituciones públicas en acordar con los sindicatos las condiciones del trabajo a distancia.
Deberemos acostumbrarnos, por tanto, a las sillas vacías en las oficinas de los organismos públicos cuando no nos quede otra alternativa que acudir a ellos, si no hemos podido resolver el trámite de forma telemática, o lo que es lo mismo, impersonal y no siempre rápida ni efectiva.
La semidesértica percepción visual abre otro debate porque el teletrabajo irrumpió ayer pero seguirá hoy y mañana sin retroceso. No tiene vuelta atrás. Dar utilidad a instalaciones que ya fueron consideradas de un tamaño excesivo en su día, como sucedió con la sede del propio Consell, aparece como otro reto para quienes las tutelan. Sobrará mucho espacio.
