Si las cifras revelan que España vuelve a liderar los rebrotes de la pandemia, también que ha sido el país que más empleo ha destruido durante la crisis, en torno al 8 por ciento, multiplicando por tres la caída experimentada en otros países, concluiremos que no solo el presente es lamentable sino que el futuro, además de incógnitas, presenta una situación pavorosa.
Lo es, por supuesto, también en Menorca, donde las inmobiliarias, por ejemplo, ya insinúan a los propietarios de pisos en alquiler que van a tener problemas para cobrar las rentas este invierno, sencillamente porque los inquilinos no van a disponer de los ingresos que normalmente acumulan en la temporada estival. Sus prestaciones de desempleo, al haber trabajado menos, no serán suficientes para afrontar todos los gastos de primera necesidad.
Aguarda un año especialmente crudo en una economía territorial basada en el turismo después de su levedad de estos últimos meses. Y en esa coyuntura uno de los efectos colaterales más preocupantes puede residir en el incremento de la delincuencia, como suele ocurrir en este tipo de situaciones en los que los hay que se buscan la vida por caminos ilícitos que perjudican al prójimo.
Ahí hay otro motivo para la preocupación por la precariedad con la que conviven las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y las policías locales encargadas de custodiar la seguridad de todos. Van a tener más trabajo -ya lo están teniendo-, como prueba el esfuerzo obligado que realizan en la actualidad para combatir los comportamientos que favorecen los rebrotes. Deberían de contar con los recursos suficientes para hacerlo y sería el momento de exigir la llegada de nuevos efectivos para el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y de promover convocatorias ágiles que unifiquen criterios para cubrir tantas vacantes existentes en las policías locales del archipiélago. Lo van a necesitar.
