Francesc Antich ha sido alcalde de Algaida, parlamentario balear, presidente del Govern en dos legislaturas distintas, diputado de las Cortes españolas y senador. Completa con creces lo que sería el Grand Slam de aquellos políticos elegidos que han sabido estar en el momento justo y en el lugar adecuado para acceder a altos cargos de las administraciones locales, autonómicas y nacionales. Le falta ser ministro, por el momento. Aunque sea de perfil bajo, la gestión del socialista ha sido bien valorada por el electorado.
En base a esa indiscutible experiencia en los entresijos del poder estatal, su compañera de partido, la actual presidenta Francina Armengol, lo atrajo a su seno el mes pasado para nombrarlo «Comisionado Autonómico de Balears en Madrid». Su función debe ser la de apoyar y colaborar en el proceso normativo en relación a las iniciativas del gobierno español que afecten a las islas y velar por el cumplimiento del Estatut.
Para desarrollar este cometido se le asignó el piso propiedad del Govern en la capital y una retribución de 58.000 euros anuales.
Independientemente de que este cargo sea de discutible necesidad por el coste que supone, considerando los diputados, senadores, el delegado del Gobierno en Balears y la propia presidenta de la Comunidad que tienen que realizar también esas funciones por razones obvias -solo faltaría que no lo hicieran-, Antich ha dignificado su condición de político.
Vista la inutilidad de Pedro Sánchez para ser elegido presidente tras dos nuevas investiduras, el exsenador socialista ha renunciado al cargo con una argumentación aplastante que le honra y permite comprender los pasos que ha dado en su carrera.
Antich acaba de renunciar a este puesto rimbombante porque, dijo, no tiene sentido mientras no haya un gobierno operativo en España ante el que pueda trabajar para lo que se le paga. Todo un ejemplo.
