Son un atajo de irresponsables. Esta semana, pocos días antes de iniciarse el juicio más importante de la democracia, junto al del 11-M, se han dedicado a hacer estallar todas las bombas. Pedro Sánchez ha jugado la carta de una cesión pequeña, un «relator» para las reuniones con los independentistas, como un medio para mantenerse en el Gobierno, intentando a la desesperada aprobar los presupuestos. La respuesta de la derecha ha sido un apuesta por la radicalización, aplicando lo que critican, la misma estrategia de llenar las calles para poner las urnas.
En este incendio no se encuentra ni un solo político que esté a la altura, ni de los nuevos ni de los viejos barones. Todos se suman al derrumbe y ninguno construye nada positivo.
Lo más triste es que se ha enterrado el diálogo y se ha desenterrado el hacha de guerra. Y eso a escasos días del inicio del juicio a los doce independentistas por delitos tan graves como el de rebelión. Los esfuerzos del Tribunal Supremo para que no se cuestione de entrada la transparencia del proceso no parece que sirvan para cambiar la dinámica.
El juicio se vestirá de proceso penal, pero va a ser un auténtico circo político. Los acusados ya dan esta batalla por perdida y van a intentar que Europa vea que la acusación de rebelión no tiene base porque no existió violencia en el 1-O. Su objetivo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde esperan llevar su alegato de inocencia.
La próxima escena de esta parodia puede ser la de Pedro Sánchez convocando elecciones generales ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos y con el temor que no quiere afrontar: que no vaya a poder celebrar su posible victoria electoral porque las tres derechas, PP, Cs y Vox le pueden arrebatar el gobierno. Como le ha pasado a su compañera, que no amiga, Susana Díaz.
Superada la fase del diálogo y de las llamadas a la responsabilidad, ahora entramos en la «de perdidos, al río».