La Comissió de Greuges presentó ayer su informe anual en el Consell. Este órgano colegiado tiene como función atender las quejas de ciudadanos, personas físicas u organizaciones, entidades y plataformas cívicas, que crean que no han tenido el trato correcto por la administración, bien por acción o por omisión.
Es un defensor del pueblo en clave menorquina y nació para velar por las relaciones entre el Consell y sus administrados. Sus integrantes recorrieron el año pasado la isla precisamente para dar a conocer sus funciones, con actos informativos en los municipios, pero una de las primeras conclusiones de su balance anual es que queda mucho camino por andar en el terreno de la divulgación. En un año han recibido 16 peticiones o quejas, resulta una cifra escasa.
Les sorprende y preocupa que la sociedad no sepa, o conozca poco, de su existencia y misión, que no es otra que ayudar a mejorar las relaciones entre los administrados y la maquinaria burocrática. Ahí también la comisión ha dado un pequeño pescozón al Consell, al advertirle de que sus peticiones de informes siempre han sido bien atendidas, la voluntad de colaborar está, pero no con la agilidad necesaria para cumplir plazos y dar la respuesta adecuada a los ciudadanos. Pero sin duda hay un apartado llamativo en el balance, y es que algunos de los que acuden a la Comissió de Greuges están perdidos en el barullo competencial de la administración, y tampoco ha de extrañarnos, puede ser un laberinto para un ciudadano normal, perdido en el peloteo entre ventanillas o ahora ya, páginas web, que tampoco la digitalización está al alcance de todo el mundo, y pienso ahora en los más mayores, intentando adaptarse a una galopante sociedad de la información.
Por ello es de agradecer que la comisión escuchara a todos, los que se quejaban de su municipio o de un ministerio, e intentara clarificarles la situación. Todavía no dominamos del todo el derecho a defender nuestros derechos.
