Cada vez que se evoca la reforma laboral impulsada y ejecutada por el Partido Popular a principios de 2012 sale a colación por parte del grupo de Mariano Rajoy el acierto de una batería de medidas que contribuyeron a la creación de empleo. Fue en cierto modo, el fármaco que inició la cura de la crisis a partir de liberar al empresario para que actuara sobre sus trabajadores como creyera más oportuno si con ello salvaba la empresa.
El despido se abarató impunemente y los salarios se vieron recortados hasta límites insospechados, quedando estancados desde entonces. Fue el trabajador el que sacó a España de la crisis aunque la continúe padeciendo.
Los datos sitúan la recuperación de empleo como el hecho notorio que marca el avance del país con 611.146 nuevos afiliados a la Seguridad Social al término de 2017 en el que se han firmado hasta 21,5 millones de contratos, de los que más de 19,5 millones son temporales, lo que da una idea del grado de inestabilidad laboral. En todo caso, aún no se alcanzan las cifras anteriores a la crisis y todavía hay tres millones y medio de españoles sin trabajo.
Esos números, aparentemente sobresalientes, enmascaran otra realidad distinta pero irrefutable. En Balears, por ejemplo, podría interpretarse que la recesión pasó a mejor vida por la creación de empleo que potencia el crecimiento del turismo.
Pero se trata de un empleo precario, con contratos temporales que permiten rebajar el paro y, en muchos casos, a cambio de retribuciones menores que no alcanzan el salario mínimo interprofesional, como denuncian los sindicatos.
Por lo general las familias se han empobrecido debido a la inflación, al tiempo que se ha incrementado la precariedad y el permanente temor a perder el puesto de trabajo. Rajoy presume de haber sacado a España de la crisis, pero el precio lo han pagado otros. Lo pagamos todos.
